Progreso.- La Marina Armada de México (SEMAR) ha expresado su oposición a la ampliación del puerto de Altura en Progreso, debido a la aprobación de la Ley de la Operadora Energética y Marítima (Ley OEMY) por el Congreso de Yucatán en enero de 2024. En un comunicado oficial sellado como Secretario A-384 y firmado por el almirante José Rafael Ojeda Durán, SEMAR explica que el convenio firmado anteriormente con el gobernador Mauricio Vila Dosal el 4 de noviembre de 2022, ya no será continuado.
La Ley OEMY, publicada en el Diario Oficial Estatal el 2 de febrero de 2024, otorga facultades a la Operadora Energética y Marítima de Yucatán (OEMY) para obtener concesiones, permisos, autorizaciones o contratos de cesión parcial de derechos, así como prestar servicios de transportación marítima, servicios portuarios y almacenamiento de petróleo y derivados. Sin embargo, estas atribuciones contravienen la Ley de Puertos.
En el comunicado se mencionan 11 puntos que detallan las acciones que contradicen la Ley de Puertos, entre las que destacan la obtención de concesiones y la prestación de servicios de transportación marítima y servicios portuarios. SEMAR argumenta que estas atribuciones son exclusivas de las Administraciones Portuarias Integrales, en conformidad con los artículos 26 y 40 de la Ley de Puertos.
La Marina Armada choca con la Ley OEMY
El almirante Ojeda Durán señala que, de acuerdo con el convenio firmado previamente, se establecía la posibilidad de analizar la viabilidad de otorgar un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones al Gobierno de Yucatán. Sin embargo, a la luz de la reciente legislación y en cumplimiento de la Ley de Puertos, SEMAR ha decidido oponerse a la ampliación del puerto de Altura en Progreso.
“En ese sentido, se concluye que las atribuciones otorgadas a la paraestatal del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Ley OEMY, sobrepasan los alcances establecidos en el convenio y contravienen lo establecido en la Ley de Puertos en relación a los derechos y obligaciones de un cesionario sobre los bienes del dominio público de la federación, razón por la cual no existen condiciones para que esta Secretaría continúe en la participación del referido instrumento legal, en los términos que el Gobierno del Estado de Yucatán pretende para el proyecto de la ampliación del Puerto de Progreso”, finaliza el almirante.
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