Las recientes suspensiones judiciales han tenido un impacto significativo en la extinción de cinco de los seis fideicomisos administrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México.
Estos fideicomisos, que acumulan un total de 7 mil 177 millones de pesos, eran recursos destinados a ser devueltos a la Tesorería de la Federación para el 15 de diciembre de 2023, conforme a lo estipulado por el mandato constitucional.
Elección judicial
La importancia de estos fondos radica en su utilización programada para financiar las elecciones de jueces, magistrados y ministros programadas para 2025. El pasado martes, la SCJN dio a conocer que, de los seis fideicomisos, únicamente uno había sido liberado, reflejando que más de 6 mil 324 millones de pesos permanecen retenidos en los otros cinco.
La Corte detalló que, respecto a los fideicomisos gestionados a través de Nacional Financiera (Nafin), esta institución se encuentra impedida legalmente para llevar a cabo la instrucción girada por la ministra presidenta, debido a diversas suspensiones definitivas que han sido otorgadas en contra del decreto que modifica el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Este contexto se complica aún más, ya que la extinción de los fideicomisos ha estado sujeta a un decreto promulgado en octubre de 2023 por el Congreso de la Unión, que ordenó la eliminación de los trece fondos del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, las suspensiones judiciales han bloqueado su disolución efectiva. Desde diciembre del 2023, la situación se ha vuelto más compleja por la suspensión dictada por el ministro Javier Laynez Potisek.
Esta medida fue revocada el 3 de diciembre por la Primera Sala, que consideró que la suspensión ya no era procedente tras la promulgarse una reforma constitucional el pasado 15 de septiembre. A raíz de este conflicto, la ministra Norma Lucía Piña Hernández instruyó el 8 de diciembre a BANOBRAS y Nafin a proceder con la entrega de los fondos, pero hasta el momento solo se ha concretado la liberación del Fondo Jurica, que asciende a 853 millones de pesos.
La retención de estos recursos representa un obstáculo considerable para la planificación financiera del Poder Judicial y podría tener implicaciones en el funcionamiento y la administración de justicia en el país.