El gobierno mexicano anunció el lunes una serie de restricciones a la importación de decenas de productos petrolíferos y petroquímicos, con el fin de frenar el mercado ilícito de combustibles y el contrabando que afectan a la economía y al medio ambiente del país.

Entre los productos afectados por la medida se encuentran algunos tipos de gasolina y diésel, así como turbosina y aditivos como el éter metil ter-butílico (MTBE), que se utilizan para mejorar el rendimiento y la calidad de los combustibles.

México es un importante productor de crudo, pero depende en gran medida de las importaciones de gasolinas y otros derivados del petróleo, debido a que las refinerías de Pemex tienen dificultades para procesar el crudo pesado que extrae la empresa estatal.

Según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las restricciones buscan también evitar la adulteración y el comercio de combustibles que suponen un riesgo para la salud humana, el medio ambiente y los vehículos.

Críticas por parte de expertos y empresarios

El decreto entró en vigor el martes y tiene un plazo indefinido, aunque la Secretaría de Energía (Sener) podrá emitir permisos especiales de importación para los productos involucrados, previa solicitud y justificación de los interesados.

La medida ha generado críticas por parte de algunos expertos, que consideran que se trata de una violación al libre comercio y que podría afectar a otras industrias que utilizan estos insumos en sus procesos.

“Lo veo muy grave”, dijo Julia González, abogada especializada en derecho constitucional mexicano. “Están restringiendo la importación de un montón de mercancías que se usan para procesos múltiples”, añadió.

Marcial Díaz, consultor de Qua Energy, dijo que si bien la medida fortalece el combate del mercado ilícito de combustibles, “afecta a otras industrias que utilizan estos insumos en sus procesos”.

Defensa del presidente López Obrador ante  las importaciones de petrolíferos

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la decisión y aseguró que no se trata de limitar el libre comercio de gasolinas y diésel como productos terminados que cumplen con la normativa aplicable, sino de restringir las mercancías utilizadas en el contrabando o en la alteración o adulteración de los petrolíferos.

El mandatario señaló que el mercado ilegal de combustibles representa una pérdida millonaria para el fisco y una amenaza para la seguridad nacional.

Estimaciones recientes indican que hasta un 80 por ciento de los combustibles en México son adulterados, y el mercado ilegal ascendió a 47 millones de barriles en 2021, lo que equivale a la pérdida de 64.000 millones de pesos (más de $3.000 millones) para el fisco.

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