El gobierno federal anunció este miércoles un decreto que prohíbe la importación, producción, comercialización y uso de 35 plaguicidas identificados como altamente peligrosos, en una acción considerada como un avance clave en la política de salud pública y protección ambiental del país.

Durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, detalló que esta medida responde al compromiso del Estado mexicano con el bienestar de la población y con el cumplimiento de estándares internacionales en el manejo de sustancias químicas.

Según explicó Berdegué, los plaguicidas incluidos en el decreto han demostrado causar efectos nocivos en la salud humana, como riesgo cancerígeno, daños neurológicos, alteraciones genéticas y disrupciones hormonales. Además, muchas de estas moléculas están vinculadas con daños severos al medio ambiente, afectando especialmente a especies polinizadoras como las abejas, la fauna acuática y aves silvestres.

Entre los ingredientes activos prohibidos se encuentran Aldicarb, utilizado comúnmente en cítricos y caña de azúcar; Carbofurán, empleado en cultivos de café, aguacate y algodón; Endosulfán, aplicado en maíz y frutales; y el DDT, una sustancia prohibida en varios países desde hace décadas, pero cuyo uso aún no había sido eliminado completamente en México. El funcionario señaló con sorpresa que “desde los años 70 se prohibió el DDT en todo el mundo, y en México se impidió su importación, pero no su uso. Quién sabe cómo fue eso posible”.

La estrategia de eliminación será progresiva y contempla un calendario que se extenderá hasta 2030. La primera fase, en 2025, se enfocará en la sustitución de sustancias obsoletas por alternativas menos tóxicas y eficaces. En 2026 iniciará la primera etapa de prohibición, seguida de otras dos en 2027 y 2028. Finalmente, entre 2029 y 2030 se desarrollará un sistema de venta controlada para aquellas moléculas que aún no cuenten con sustituto viable.

Este decreto forma parte de los compromisos internacionales de México en materia de seguridad química y sustentabilidad agrícola, y busca generar un equilibrio entre la productividad del campo y la conservación del medio ambiente.

Organizaciones ambientales y de salud pública han considerado la medida como un paso fundamental hacia la reducción del uso de agroquímicos altamente tóxicos, cuya presencia ha sido cuestionada por su persistencia en el suelo, el agua y en los alimentos.

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