El Estado de derecho en México ha sufrido un nuevo retroceso desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al poder. Así lo revela el último ranking de la organización internacional World Justice Project (WJP), que evalúa el desempeño institucional, la división de poderes, la ausencia de corrupción, la garantía de derechos, el acceso a la justicia y el control de la delincuencia en 142 países.

En tan solo tres años, el país pasó del lugar 99 al 116 en el índice, con una calificación de apenas 0.42 en la escala de cero a uno. Esto indica una adherencia débil al Estado de derecho, más baja incluso que países como Liberia, Rusia, Madagascar y Angola. Los países con las peores calificaciones en este ranking son Venezuela, Camboya, Afganistán, Haití y Nicaragua.

México, que solía ocupar una posición relativamente mejor en años anteriores, ha caído constantemente en la lista. En 2019, se ubicaba en el lugar 99 de 126, y en 2020 pasó al lugar 104 de 128. Para 2021, se colocó en el lugar 113 y en 2022 al 115.

Los ocho factores que evalúa el WJP

El Índice de Estado de Derecho del WJP considera ocho factores para calcular un promedio por país: restricciones a los poderes gubernamentales, la ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Estos resultados reflejan la preocupante situación del Estado de derecho en el país, y ponen de manifiesto los desafíos a los que se enfrenta México en términos de institucionalidad y garantía de derechos.

De acuerdo con el World Justice Project, más de 6 mil millones de personas en todo el mundo viven en países donde el Estado de derecho se ha debilitado de 2022 a 2023. Es fundamental que las autoridades mexicanas trabajen en fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y garantizar el acceso a la justicia para revertir esta tendencia y brindar a los ciudadanos un entorno seguro y justo.

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