La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Lucía Piña Hernández, ha tomado la decisión de turnar a la ministra Yasmín Esquivel Mossa tres consultas que han sido promovidas por funcionarios del Poder Judicial de la Federación, así como por magistrados y jueces.
Estas consultas buscan analizar la constitucionalidad de la reciente reforma judicial que ha generado controversia en el país. La reforma judicial en cuestión tiene como objetivo extinguir la carrera judicial y destituir a todos los magistrados y jueces federales, lo cual ha levantado cuestionamientos sobre la vulneración del principio de división de poderes, la autonomía de uno de los poderes de la Unión y la esencia de la República.
En los tres casos en cuestión, los promoventes han solicitado realizar una consulta al pleno de la SCJN para que se analice la constitucionalidad de esta reforma, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Otra consulta
Recientemente, Piña Hernández también decidió turnar al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá una consulta presentada por magistrados y jueces, en la que solicitan a la Corte ejercer de forma urgente la facultad prevista en el artículo 11, fracción XXII del mencionado cuerpo legal.
Esta solicitud tiene como objetivo resolver el conflicto que ha surgido entre el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión, el Consejo de la Judicatura Federal y la SCJN, debido a la implementación de la reforma judicial que entró en vigor recientemente.
La reforma judicial fue publicada en el Diario Oficial de la Federación por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado domingo, lo que ha generado un intenso debate y opiniones encontradas en distintos sectores de la sociedad.
Por tanto, la SCJN se encuentra en un momento crucial en el que deberá analizar detenidamente las consultas recibidas y tomar una decisión que pueda sentar un precedente importante en el sistema judicial mexicano. Todas las partes involucradas esperan una resolución justa y equitativa que resguarde los principios fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho en el país.