El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de reforma constitucional para enfrentar de forma integral el delito de extorsión. La propuesta busca otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general en materia de prevención, sanción y persecución del delito de extorsión.

Además, plantea la concurrencia y coordinación entre el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, para mejorar la eficacia institucional en la atención de este delito. Monreal aseguró que el fenómeno de la extorsión ha crecido de manera alarmante, desplazando a otros delitos cometidos tradicionalmente por grupos del crimen organizado.

“Esta actividad ha sido últimamente utilizada por la delincuencia organizada, que ha trasladado lo que históricamente hacía, como el tráfico de drogas y otros ilícitos, a la extorsión”, afirmó.

Estrategia nacional se centra en ocho estados

En ese contexto, el también presidente de la Junta de Coordinación Política celebró el anuncio de una estrategia nacional contra la extorsión en ocho entidades federativas clave. La estrategia, coordinada por la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República, atenderá zonas donde se concentra el 70% de los casos de extorsión.

El titular de Seguridad, Omar García Harfuch, y el fiscal Alejandro Gertz, lideran esta acción conjunta que prioriza inteligencia, reacción rápida y atención a las víctimas. Monreal destacó que esta acción del Ejecutivo federal es complementaria a la iniciativa legislativa que busca reformar el artículo 73 de la Constitución Política de México.

Dicha reforma permitiría una ley general que armonice el marco normativo, fortalezca capacidades institucionales y asegure el acceso equitativo a la justicia en todo el país.

Delito estructural que afecta a todos los sectores

Según la exposición de motivos de la iniciativa, la extorsión afecta a todos los sectores sociales sin distinción de nivel económico, profesión o lugar de residencia. Aunque ya está regulada en el Código Penal Federal y en la mayoría de los códigos estatales, la extorsión sigue creciendo y afectando la seguridad nacional.

Monreal indicó que este delito ha golpeado duramente a 1.3 millones de pequeños y medianos negocios, lo que representa el 27.2% de las unidades económicas nacionales. Con esta reforma constitucional y una futura ley general, se pretende fortalecer la respuesta del Estado mexicano ante uno de los crímenes más extendidos y dañinos.

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