Una niña tampiqueña logró, gracias a un amparo, que una institución de salud le programara un implante coclear después de más de un año de espera.

Marina Lomelín Zermeño, presidenta de la asociación civil “Oírte, niños caminando hacia el sonido”, señaló que esta es la primera vez que logran gestionar una situación de este tipo y que seguirán trabajando en más casos.

Lomelín comentó que, aunque no contaban con suficiente recurso para cubrir el gasto, la niña era derechohabiente del Issste. Mediante el amparo, lograron garantizar su derecho a la salud y realizar la cirugía.

Romina, la niña beneficiada, tiene seis años y será operada el próximo martes en el Hospital 20 de Noviembre en la Ciudad de México. La cirugía tiene un costo de hasta un millón de pesos, y además, se necesita un proceso de rehabilitación posterior. Afortunadamente, todo el tratamiento se realizará en el Issste, con apoyo de la asociación a través del amparo.

Lomelín destacó que, debido a la importancia de la detección temprana de problemas auditivos, la asociación planea hacer un censo en guarderías para identificar posibles dificultades en la audición de los niños. La presidenta señaló que los problemas de audición en menores están aumentando y que, con esta campaña, se espera obtener datos precisos para tomar acciones.

El implante coclear es un dispositivo electrónico que ayuda a las personas con pérdida auditiva profunda a percibir sonidos. Se coloca en dos partes: una externa, detrás de la oreja, y otra interna, debajo de la piel, mediante cirugía.

Lomelín agregó que muchos niños diagnosticados con autismo realmente tienen problemas de audición no detectados, lo que impide su desarrollo adecuado. La asociación busca evitar diagnósticos erróneos y garantizar que los niños puedan desarrollarse plenamente.

Además, expresó que actualmente enfrentan el reto de operar en su segundo año de funcionamiento sin tener estadísticas claras sobre la cantidad de niños con problemas auditivos en la zona. Los amparos han demostrado ser una herramienta jurídica efectiva para resolver necesidades de salud, especialmente dentro de las instituciones públicas.

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