Durante la conferencia presidencial matutina de este jueves, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló preocupantes datos sobre decisiones judiciales.

De acuerdo con Harfuch, desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum se han registrado 193 resoluciones judiciales que favorecieron a presuntos integrantes del crimen organizado.

Estas decisiones incluyeron liberaciones, traslados y cambios de medidas cautelares, incluso en casos de personas vinculadas con delitos de alto impacto como secuestro, homicidio o crimen organizado.

Entre octubre de 2024 y abril de 2025, se concretaron 164 egresos por cambio de medida cautelar, además de dos liberaciones definitivas por decisión judicial. También se realizaron 27 traslados de internos a centros penitenciarios de menor seguridad, pese a que autoridades penitenciarias consideraron inviable tal movimiento por el riesgo que implicaba.

García Harfuch señaló que estas resoluciones judiciales han beneficiado a personas detenidas por delitos graves como portación de armas, operaciones con recursos ilícitos y delincuencia organizada.

Caso de Gregorio Salazar

Uno de los jueces señalados es Gregorio Salazar Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, por emitir resoluciones altamente cuestionables.

El 24 de abril de 2025, facilitó el traslado de Gerardo Ponce Alanís, presunto miembro del Cártel de Sinaloa, a un penal estatal en Sinaloa. En dicho penal, conocido como Aguaruto, recientemente se aseguraron armas, drogas y dinero en efectivo, lo que evidencia el riesgo del traslado aprobado por el juez.

En enero de 2023, Salazar también ordenó la liberación de Mario Alberto Cárdenas Medina, sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén. Otro caso citado fue el de marzo de 2024, cuando dictó auto de no vinculación contra Juan Enrique “N”, alias La Pingua, operador del mismo cártel.

Además, en noviembre de 2024 revocó la prisión preventiva de José Alfredo Cárdenas Martínez, también relacionado con el Cártel del Golfo y señalado por múltiples delitos.

Harfuch también exhibió a otros jueces, como Silvestre Peña Crespo de Guanajuato, quien autorizó cinco traslados de criminales por delitos de secuestro y corrupción de menores. Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro, ambos jueces de Sonora, también aparecen en la lista, con 58 y 15 resoluciones que cambiaron medidas cautelares, respectivamente.

Durante el mismo periodo, fueron liberados 26 operadores criminales ligados a cárteles como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo, Familia Michoacana y Los Rojos. Estas cifras y casos han generado alarma entre autoridades federales, que consideran que algunas decisiones judiciales están debilitando los esfuerzos contra la delincuencia organizada.

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