Una coalición de 20 organizaciones civiles y colectivos juveniles alertó sobre una profunda crisis de derechos humanos en Oaxaca, marcada por la desaparición de más de 900 mujeres —principalmente jóvenes de entre 12 y 29 años— durante el actual gobierno estatal encabezado por Salomón Jara Cruz, en funciones desde 2022. Las cifras fueron difundidas en un pronunciamiento conjunto que también señala la persistencia de múltiples formas de violencia estructural que afectan gravemente a las juventudes en la entidad.

El documento destaca que las juventudes oaxaqueñas enfrentan un panorama adverso, atravesado por discriminación, falta de oportunidades laborales, violencia institucional, desigualdades de género y origen étnico, así como condiciones de vida marcadas por la exclusión y la inseguridad. Estas problemáticas tienen un impacto directo en su salud emocional, su desarrollo y su derecho a un futuro digno.

La denuncia fue respaldada por organizaciones como el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, GESMujer, Fundación MSI, el Centro Calpulli, SURCO, Marea Verde Mixteca y la Universidad Autónoma Comunal de Huitepec, entre otras. En su análisis señalaron que la mayoría de las desapariciones de mujeres siguen sin resolverse, mientras las familias enfrentan revictimización, ausencia de protocolos adecuados con enfoque de género y una respuesta institucional considerada insuficiente.

El contexto laboral también refleja precarización: según datos del INEGI, una persona joven en Oaxaca percibe en promedio $33.80 pesos por hora, muchas veces sin contrato, seguridad social o prestaciones básicas. Esta situación ha llevado a jóvenes a buscar alternativas en economías informales, migración, el crimen organizado o incluso las fuerzas armadas, como medios de subsistencia.

Asimismo, se expusieron los desafíos específicos de juventudes indígenas y afrodescendientes, quienes enfrentan barreras estructurales derivadas del racismo, la discriminación lingüística y el despojo territorial. Las organizaciones señalaron que sus culturas y modos de vida continúan siendo marginados, sin acceso a políticas públicas que respeten sus cosmovisiones.

Las juventudes de la diversidad sexogenérica también denunciaron exclusión en espacios educativos y laborales, que ha forzado a muchas personas LGBT+ a insertarse en trabajos informales o sexuales desde edades tempranas, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a distintas formas de violencia.

Dentro del sistema universitario, las y los estudiantes reportaron prácticas persistentes de acoso, violencia sexual, racismo y clasismo, así como la falta de mecanismos eficaces de atención. También se evidenció la carencia de servicios de salud emocional y redes de apoyo, especialmente en comunidades con alta vulnerabilidad social.

Las juventudes con discapacidad señalaron obstáculos constantes para su inclusión, no solo en lo físico, sino en lo cultural y actitudinal. Las organizaciones exigieron políticas públicas basadas en la accesibilidad universal y no en enfoques asistencialistas.

Durante el encuentro, las juventudes rurales y comunitarias también expresaron preocupación por el impacto del extractivismo, la militarización, los megaproyectos y la pérdida de biodiversidad, problemáticas que consideran amenazas directas a su derecho al territorio y al medio ambiente.

“Necesitamos transitar del adultocentrismo hacia una participación activa y reconocida de las juventudes en la defensa de la tierra, el agua y la vida”, declararon los colectivos firmantes.

Ante este panorama, exigieron al gobierno estatal:

1. Políticas públicas laborales con condiciones dignas, sin discriminación.
2. Programas de salud emocional gratuitos, accesibles y culturalmente pertinentes.
3. Medidas urgentes contra las violencias de género en todos los espacios.
4. Protocolo efectivos de búsqueda e investigación con enfoque de género para mujeres desaparecidas.
5. Inclusión plena de juventudes con discapacidad en la vida pública.
6. Participación juvenil en políticas ambientales con enfoque intergeneracional.

Las organizaciones concluyeron que es indispensable reconocer a las juventudes en toda su diversidad como agentes clave en la construcción de un Oaxaca más justo, inclusivo y con garantía de derechos fundamentales para todas las personas.

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