La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) expresaron su satisfacción ante un acontecimiento histórico en el ámbito legislativo mexicano: la promulgación de la primera ley estatal que reconoce el derecho de los desaparecidos ‘a ser identificados’. Esta ley, implementada en Baja California, representa un hito significativo en la protección de los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.

Un avance trascendental para la protección de los desaparecidos

Ambos organismos destacaron la importancia de esta nueva legislación, considerándola como un avance crucial para la protección jurídica de las personas desaparecidas en México. Esta ley, centrada en la desaparición y búsqueda de personas en Baja California, incluye un capítulo específico sobre identificación humana, reconociendo así el derecho fundamental de toda persona a ser identificada. Además, establece la obligación de las autoridades de colaborar en el proceso de identificación, lo cual representa un paso significativo hacia la justicia y la verdad para las familias afectadas.

El contexto en el que se promulga esta ley no puede ser ignorado. México enfrenta una crisis humanitaria de desapariciones, con más de 115 mil personas desaparecidas y no localizadas según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped). Esta cifra alarmante refleja la urgente necesidad de medidas concretas para abordar esta problemática y brindar justicia a las víctimas y sus familias.

Estándares y protocolos para la identificación

Además de las desapariciones, México enfrenta una crisis forense con más de 50 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes, cementerios y morgues, según datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob). Esta situación agrava aún más la angustia y el sufrimiento de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos, subrayando la urgente necesidad de abordar la identificación de las víctimas de manera efectiva y respetuosa.

La nueva ley de Baja California establece protocolos mínimos para la identificación de personas desaparecidas, lo que garantiza que las autoridades competentes cuenten con estándares homologados para llevar a cabo este proceso de manera efectiva y digna. Además, se enfatiza la importancia de la coordinación entre la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, lo que fortalece la respuesta del Estado ante esta problemática.

Si bien la promulgación de esta ley representa un avance significativo, los organismos internacionales han enfatizado la necesidad de asignar los recursos necesarios para su implementación efectiva. Esto incluye recursos materiales, económicos, humanos e infraestructurales que garanticen que la ley se aplique de manera adecuada y que se brinde justicia a las víctimas y sus familias. Es un llamado a la acción para seguir avanzando en la protección de los derechos humanos en México y para garantizar la verdad, la justicia y la reparación para todas las personas afectadas por las desapariciones forzadas.

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