El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas ha emitido un enérgico llamado al Estado mexicano para que anule la figura de la prisión preventiva oficiosa, advirtiendo que esta medida es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos. Según la Dra. Miriam Estrada-Castillo, Presidenta-Relatora del Grupo, el ordenamiento jurídico actual, estipulado en el Artículo 19 de la Constitución, obliga a los jueces a encarcelar automáticamente a personas acusadas de ciertos delitos, vulnerando principios fundamentales como la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.

La experta subrayó que esta práctica no solo compromete la independencia judicial, sino que ha derivado en una crisis humanitaria dentro del sistema penitenciario. «Muchos mexicanos pasan más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo», señaló Estrada-Castillo. Además de contribuir al hacinamiento carcelario, la medida expone a los detenidos a un mayor riesgo de tortura o tratos crueles, incumpliendo las obligaciones asumidas por México en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Un problema estructural desde 2018

El Grupo de Trabajo ha insistido desde 2018 en la necesidad de solucionar este problema estructural, ofreciendo asistencia técnica que hasta ahora no ha culminado en una reforma definitiva. En este marzo de 2026, los observadores internacionales coinciden en que México tiene una oportunidad histórica para eliminar una herramienta que, aunque esté establecida en la ley, resulta arbitraria y perjudicial para el tejido social y el Estado de derecho.

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