En una nueva exigencia hacia las autoridades mexicanas, los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa han solicitado la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la revisión de los archivos del caso. Esta petición surge como respuesta a la necesidad de los familiares de contar con una tercera parte imparcial que revise técnicamente los documentos a los que el gobierno federal les dará acceso.
De acuerdo con información proporcionada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los padres de los estudiantes desaparecidos han hecho precisiones ante la Secretaría de Gobernación respecto al acceso a la información faltante en la investigación. Entre sus demandas, se destaca su negativa a acudir a las instalaciones militares en Guerrero para buscar los archivos y transcripciones de llamadas telefónicas relacionadas con la desaparición de los normalistas en septiembre de 2014.
Esta decisión de no acudir a las instalaciones militares se tomó luego de que el gobierno federal anunciara el pasado 29 de diciembre que les daría acceso a los archivos del caso que están en posesión del Estado. Los padres de familia consideraron que acudir a la búsqueda en dichas instalaciones sería redundar «en una simulación que terminaría protegiendo a la institución castrense, cuando ha sido opaca y poco leal ante el proceso de esclarecimiento».
Además de su rechazo a la búsqueda en las instalaciones militares, los padres de los normalistas insisten en la necesidad de localizar cerca de 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (C.R.F.I.), el cual ya operaba en Iguala el día de los hechos. Según el Centro Prodh, «las familias reiteraron que la falta de entrega de información militar no es su percepción, sino una realidad objetiva que se ha acreditado a lo largo de todo su proceso de búsqueda de verdad y justicia, durante prácticamente una década».
En este contexto, la participación de la CIDH en la revisión de los documentos se presenta como una vía para garantizar la imparcialidad y transparencia en el proceso de esclarecimiento del caso Ayotzinapa. Los familiares de los normalistas desaparecidos esperan que la intervención de la comisión internacional permita hacer justicia y encontrar respuestas a sus preguntas sobre la desaparición de sus hijos.