Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una demanda de juicio político ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados contra Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la presunción de varios delitos.

Acusaciones y motivos contra Zaldívar

Los legisladores de oposición argumentan que Zaldívar habría utilizado su influencia como presidente de la Corte para resolver asuntos a favor del gobierno federal, así como por supuesto desvío de recursos y encubrimiento de colaboradores acusados de acoso. Este movimiento busca su inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Entre los senadores que respaldan la demanda se encuentran destacadas figuras como Lilly Téllez, Gina Cruz, Claudia Anaya y Manuel Añorve, quienes piden a la Cámara de Diputados investigar si Zaldívar incurrió en violaciones a la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos durante su gestión en el Poder Judicial.

Esta acción legal surge luego de que Zaldívar amenazara con presentar una demanda de juicio político contra la actual presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, acusándola de iniciar una ‘cacería de brujas’ en su contra. A pesar de ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha defendido la integridad y la gestión de Zaldívar, destacando su colaboración respetuosa con la autonomía judicial.

Análisis de la SCJN del caso de Zaldívar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que su Pleno tomará una decisión respecto a las acusaciones presentadas contra Zaldívar, las cuales giran en torno a presunta presión ejercida sobre jueces y magistrados para influenciar el resultado de casos judiciales. Asimismo, destacó la importancia de este proceso como un acto de rendición de cuentas y transparencia.

Expertos jurídicos han señalado que este proceso ha sido politizado debido al contexto electoral, donde se busca obtener beneficios partidistas. De igual manera, destacan la necesidad de investigar exhaustivamente las denuncias para determinar cualquier responsabilidad administrativa por parte de Zaldívar, en un ambiente de respeto a la legalidad y la imparcialidad.

El proceso de juicio político contra Arturo Zaldívar se encuentra en curso, con la atención del Pleno de la SCJN y la expectativa de la sociedad respecto a la transparencia y la justicia en este caso. Se espera que las instituciones actúen con responsabilidad y apego a la ley para garantizar la integridad del sistema judicial mexicano.

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