El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, informó que 68 millones de líneas telefónicas ya fueron vinculadas como parte del registro impulsado por el Gobierno de México para fortalecer el combate a delitos como fraude y extorsión.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que el proceso de vinculación es realizado por las empresas de telefonía y que el plazo para completar el registro concluirá en diciembre, conforme al calendario establecido por el último dígito de cada línea.

Peña Merino señaló que el avance se ha concentrado principalmente en las líneas de prepago, donde se estima que ya se han registrado alrededor de 40 millones, aunque aún falta una cantidad similar por completar.

Registro se concentra en líneas de prepago

El funcionario explicó que las líneas con contrato o plan tarifario ya se encuentran vinculadas, debido a que los usuarios proporcionan sus datos personales al momento de contratar el servicio.

En cambio, el esfuerzo actual se enfoca en las líneas de prepago, que históricamente han tenido un menor nivel de registro. «Quienes tienen un plan ya están vinculadas (…) este es un esfuerzo que se ha centrado más en las líneas de prepago», explicó Peña Merino.

Sheinbaum rechaza que el Gobierno controle la información

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo del registro no es controlar a la población, sino reducir los delitos cometidos mediante llamadas telefónicas. «Esencialmente para fortalecer la seguridad en nuestro país, ese es el objetivo, el gobierno, repito, no guarda la información», afirmó.

Además, aclaró que el Gobierno federal no almacena la información de los usuarios, ya que los registros permanecen bajo resguardo de las empresas de telefonía. Solo podrán ser consultados por las autoridades mediante una orden judicial durante una investigación.

La mandataria reiteró que la medida busca fortalecer la seguridad y facilitar las investigaciones de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República (FGR).

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