La pensión alimenticia en México es un derecho establecido para garantizar la manutención de personas que, por su edad, condición de salud o situación económica, no pueden cubrir por sí mismas sus necesidades básicas.

Aunque su nombre se relaciona con la comida, el concepto jurídico de “alimentos” incluye también vivienda, vestido, atención médica, educación y actividades de esparcimiento, de acuerdo con las normas civiles aplicables en cada entidad federativa.

¿Quiénes pueden pedir una pensión alimenticia?

La legislación mexicana reconoce como acreedores alimentarios a las personas que tienen derecho a recibir este apoyo económico, entre ellas:

1. Hijos menores de edad
2. Hijos mayores de edad que continúan estudiando y no han formado una familia propia
3. Personas con discapacidad o que no puedan valerse por sí mismas
4. Cónyuges que se dedican al hogar
5. Padres que no cuentan con medios suficientes para mantenerse
6. Excónyuges o exconcubinos, cuando un juez determine que existe la obligación

La responsabilidad de otorgarla puede recaer en padres, hijos, hermanos, cónyuges o concubinos, siempre que tengan capacidad económica para cumplir con el pago.

La ley establece que nadie puede ser obligado a lo imposible; por ello, si una persona demuestra que no cuenta con ingresos suficientes, el juez debe valorar su situación.

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los recursos de cuentas Afore pueden ser embargados parcialmente para garantizar pensiones alimenticias a menores de edad, aunque únicamente bajo condiciones específicas: que el deudor esté desempleado y no tenga otros bienes susceptibles de embargo.

¿Cómo se solicita y cómo se determina el monto?

La pensión puede obtenerse mediante un acuerdo entre las partes o a través de un juicio familiar.

Cuando existe un convenio, las personas pueden establecer voluntariamente el monto y acudir a una instancia de mediación para validar el acuerdo. Posteriormente, puede adquirir carácter obligatorio mediante la autoridad judicial.

Si no hay acuerdo, se presenta una demanda ante un juzgado familiar. Para iniciar el procedimiento pueden solicitarse documentos como:

1. Actas de nacimiento o matrimonio
2. Comprobantes de gastos de manutención
3. Recibos médicos, escolares o de servicios
4. Documentos que acrediten los ingresos del obligado

Durante el proceso, el juez puede fijar una pensión provisional para garantizar la protección del acreedor mientras se resuelve el caso.

El monto definitivo no está establecido con una cifra única. La autoridad analiza principalmente dos factores: la necesidad de quien recibe la pensión y la capacidad económica de quien debe pagarla.

En términos generales, puede representar entre 10% y 50% de los ingresos del obligado, aunque la cantidad final depende de las circunstancias específicas de cada caso.

Si no se conocen los ingresos reales del deudor, el juez puede establecer el pago tomando como referencia salarios mínimos, conforme a la legislación aplicable.

¿Qué pasa si no se paga la pensión alimenticia?

El incumplimiento de la obligación alimentaria puede generar consecuencias legales.

Cuando existe falta de pago durante el periodo establecido por la ley, el deudor puede ser inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, además de enfrentar otras medidas determinadas por la autoridad judicial.

Los jueces también pueden solicitar información a autoridades fiscales para conocer la verdadera capacidad económica del obligado. Si una persona oculta ingresos o presenta información falsa, puede recibir sanciones adicionales.

La obligación alimentaria termina cuando desaparece la necesidad del beneficiario, cuando el acreedor alcanza independencia económica o cuando se presentan otras circunstancias previstas por la ley, como concluir estudios en ciertos casos o cambios en la situación familiar.

La pensión alimenticia busca garantizar que niñas, niños, adolescentes y personas en condición vulnerable tengan acceso a los recursos necesarios para una vida digna.