Durante la primera sesión del año, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió posponer la discusión sobre la declaratoria general de inconstitucionalidad que afectaría a diversos artículos de la Ley de Migración.

Esta ley actualmente permite a las autoridades federales llevar a cabo revisiones en cualquier punto del país y detenciones de migrantes por un máximo de 60 días, excediendo el límite constitucional de 36 horas.

La ministra ponente, Margarita Ríos Farjat, solicitó posponer la discusión del proyecto por motivos vinculados a la documentación relacionada y ciertas preocupaciones generadas por el mismo. Este aplazamiento adquiere relevancia debido a la proximidad de la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 20 de enero, quien anunció una estricta política migratoria que podría resultar en la deportación de un gran número de migrantes, muchos de los cuales podrían regresar a México.

«Decidí retirar el proyecto para revisar cierta documentación relacionada con el mismo y abordar algunas inquietudes que ha suscitado. Espero que se retome la discusión en una fecha próxima», expresó Ríos Farjat.

Entre los puntos que podrían ser afectados por la declaratoria general de inconstitucionalidad se encuentra el artículo 97 de la Ley de Migración, el cual faculta a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) a llevar a cabo revisiones migratorias en todo el territorio nacional para verificar el estatus migratorio de extranjeros. Asimismo, el primer párrafo del artículo 98 y ciertas partes del artículo 111 podrían ser afectados.

Estos artículos otorgan al INM la autoridad para resolver la situación migratoria de extranjeros en un plazo máximo de 15 días hábiles, con la posibilidad de extenderse hasta 60 días en casos especiales como la falta de información sobre la identidad o nacionalidad del individuo detenido, enfermedades o discapacidades que imposibiliten el viaje, y la interposición de recursos administrativos o judiciales, entre otros motivos.

La Primera Sala de la SCJN ya había considerado inconstitucionales dichos artículos en una decisión tomada el 15 de marzo de 2023. La Sala determinó que estos artículos contravienen el límite temporal establecido por la Constitución Federal para la privación de libertad por motivos administrativos, que es de 36 horas. Esta restricción impide a los individuos ejercer su derecho humano a una tutela jurisdiccional efectiva.

La decisión de posponer la discusión sobre este tema resulta crucial en un momento en el que la situación migratoria, tanto en México como en Estados Unidos, ha generado intensos debates y tensiones.

La SCJN tendrá la responsabilidad de abordar este tema de forma cuidadosa y considerada, teniendo en cuenta no solo las implicaciones legales, sino también los derechos humanos de los individuos afectados por estas disposiciones.

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