Con el objetivo de armonizar la reforma al Poder Judicial de la Federación, el Gobierno federal y el Congreso de la Unión alistan seis leyes secundarias, entre las que destaca una nueva Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, anunció la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, durante la conferencia matutina de este jueves.

Las propuestas legislativas también abarcan el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el Código Fiscal de la Federación.

El amparo se mantiene como garantía constitucional, afirman

Godoy enfatizó que la reforma no elimina el juicio de amparo ni restringe derechos humanos, sino que busca hacerlo más accesible, ágil y eficaz, eliminando tecnicismos y vacíos legales que actualmente dificultan su operación.

“El juicio de amparo está garantizado en nuestra Constitución, eso no se modifica. Esta reforma busca fortalecerlo como herramienta de protección para la ciudadanía, sin que sea usado como refugio para quienes buscan eludir la justicia”, señaló.

El juicio de amparo, explicó, suele ser lento y técnico, lo que limita su alcance en la práctica. La reforma, insistió, se enfoca en modernizarlo, mantenerlo como un “escudo ciudadano” y prevenir su uso indebido por parte de actores que buscan evadir la justicia penal o administrativa.

Zaldívar: la narrativa de retroceso es “falsa”

Por su parte, Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno, defendió la iniciativa y criticó lo que calificó como una campaña de desinformación. Dijo que es falso que la reforma sea regresiva o busque restringir derechos.

“Lo que se busca es un juicio de amparo más ágil, más eficaz, más tecnológico. Hay una narrativa que sugiere lo contrario, pero es completamente errónea”, afirmó.

Zaldívar ejemplificó que, bajo el marco actual, es complicado combatir delitos complejos como el lavado de dinero, ya que los recursos legales disponibles muchas veces entorpecen los procesos judiciales.

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