En un intento por evitar que el ministro Javier Laynez se haga cargo de la acción de inconstitucionalidad contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF), la Presidencia de la República ha tomado medidas para retrasar el trámite de dicho juicio en la Suprema Corte de Justicia (SCJN).

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, María Estela Ríos, solicitó que Laynez se excuse de seguir conociendo de la acción 214/2023, promovida por senadores de oposición con el fin de invalidar la reforma legal que elimina fideicomisos judiciales por un total de 15 mil 800 millones de pesos.

Aunque la Corte aún no ha notificado si Laynez ha admitido a trámite la acción, se espera que el ministro no pueda seguir realizando actuaciones en el expediente hasta que se aclare su supuesta excusa.

Es importante recordar que Laynez fue el instructor en la controversia que eliminó el llamado Plan B de reforma electoral impulsado por el gobierno, y ha sido un voto consistente en el bloque mayoritario que ha anulado varias reformas inconstitucionales.

La estrategia del Ejecutivo en este caso busca tanto retrasar el trámite de la acción de inconstitucionalidad como presionar a la Corte para que revoque las suspensiones que varios jueces federales ya han concedido para detener la extinción de los fideicomisos, en amparos promovidos por personal judicial.

Suprema Corte encomienda al ministro Laynez el caso de los fideicomisos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encomendó al ministro Javier Laynez Potisek analizar si admite a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de oposición contra la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta decisión ha generado polémica y especulaciones sobre el futuro de la reforma a la Ley Orgánica del PJF.

Ante esta situación, el Ejecutivo Federal ha tomado medidas para influir en el proceso y evitar que Laynez revise la extinción de los fideicomisos. Esta medida ha generado críticas, ya que se considera una intervención del Poder Ejecutivo en los asuntos del Poder Judicial, lo cual va en contra de la separación de poderes y del principio de independencia judicial.

Se espera que en los próximos días se resuelva si Laynez podrá seguir conociendo de la acción de inconstitucionalidad o si se le solicitará que se excuse del caso. Mientras tanto, la polémica sobre la extinción de los fideicomisos y el papel del Poder Judicial en este proceso continúa.

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