El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que la Procuraduría Agraria debe proporcionar documentos relacionados con el proyecto del Tren Maya y la afectación de superficies de tierras pertenecientes al núcleo ejidal denominado Tebec, en el municipio de Umán, Yucatán.

La Procuraduría Agraria reiteró su respuesta inicial en alegatos y alegó que el proyecto del Tren Maya se catalogó de seguridad nacional desde mayo de 2023, por lo que no podía dar mayor información. Sin embargo, el INAI formuló un requerimiento de información adicional que la dependencia no atendió.

El caso pasó al Pleno del INAI bajo la ponencia de la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien determinó que la Procuraduría respondió el requerimiento con información incompleta y calificó de improcedente la reserva de documentos. Por ello, modificó la respuesta a fin de que proporcione los documentos de interés.

“Con esta resolución, colegiada e imparcial, la sociedad mexicana tiene constancia de que este organismo garante seguirá velando, sin titubear, por la aplicación del principio de máxima publicidad, más aún si se trata de obras de infraestructura como la presente, que ha despertado un genuino interés de la sociedad por conocer su impacto presupuestal, ambiental y económico. Negarle a la ciudadanía ese derecho, es negar su papel soberano sobre los asuntos públicos y, cuando tal agravio sucede, para eso existe el INAI”, afirmó Ibarra Cadena.

Controversia constitucional

La comisionada presidenta recordó que esta resolución se enmarca en la misma línea de la controversia constitucional presentada por el INAI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en diciembre del 2021, en contra del Acuerdo que declaraba los proyectos y obras del Gobierno Federal como asuntos de seguridad nacional. En dicha controversia, el INAI argumentó que ese acuerdo representaba un obstáculo para la transparencia, pues dificultaba la difusión y entrega de información. El 18 de mayo pasado, la SCJN le dio la razón al Instituto al invalidar el Acuerdo y ese mismo día se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo Decreto que declaró de interés público y seguridad nacional las obras.

El Tren Maya es un proyecto impulsado por el Gobierno Federal para construir una vía férrea que conecte cinco estados del sureste mexicano: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El proyecto ha generado polémica por sus posibles efectos ambientales y sociales en las comunidades indígenas y ejidales que se encuentran en su ruta.

Te puede interesar: Exfuncionarios de Duarte, en la mira de la FGR por desviar recursos del Fondo de Aportación Múltiple