En un intento por frenar el preocupante aumento de casos relacionados con bebidas adulteradas y víctimas de la llamada "sumisión química", el Congreso capitalino presentó una iniciativa que obligará a bares, restaurantes y centros nocturnos de la Ciudad de México a contar con dispositivos detectores como la Pulsera Centinela, una herramienta capaz de identificar hasta 22 sustancias nocivas, entre ellas ketamina, LSD, GHB y anfetaminas.

Esta medida, impulsada como una reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles, busca proteger principalmente a jóvenes que asisten a estos sitios de entretenimiento, quienes han sido blanco frecuente de delitos cometidos a través de bebidas dopadas. En los últimos años, el modus operandi conocido como “goteras” ha generado alarma, al involucrar a personas (en su mayoría mujeres) que administran sustancias para dormir a sus víctimas y despojarlas de sus pertenencias, en algunos casos causando la muerte.

¿Qué es la Pulsera Centinela?

La Pulsera Centinela es un dispositivo portátil, similar a un accesorio común, que puede detectar la presencia de sustancias peligrosas en una bebida con solo una gota. Si esta cambia de color al contacto, es señal de que la bebida ha sido alterada. Además, cuenta con un código QR que permite contactar servicios de emergencia y compartir la ubicación en tiempo real con familiares o amigos, ayudando a actuar con rapidez en caso de intoxicación.

“Queremos que los jóvenes disfruten de esta ciudad sin tener que debatirse entre la vida y la muerte por una noche de fiesta”, expresó el legislador Jesús Sesma durante la presentación de la propuesta.

Medidas más severas para establecimientos que incumplan

La reforma no solo contempla la implementación obligatoria de estos dispositivos en todos los establecimientos mercantiles que vendan alcohol, sino que también propone sanciones ejemplares: clausura definitiva, multas severas, y hasta revocación de licencia para vender bebidas alcohólicas en caso de reincidencia en la venta de productos alterados o negligencia en proteger a sus clientes.

Paralelamente, se presentó una segunda iniciativa que propone penas de hasta 17 años de prisión y multas millonarias a quienes elaboren, posean o distribuyan bebidas adulteradas con el fin de causar daño físico o psicológico.