Cuando una persona fallece, sus cuentas bancarias no desaparecen y pasan a formar parte de la sucesión, un trámite poco conocido que puede generar problemas legales.

En México, la ley establece procedimientos claros, pero ignorarlos puede provocar cargos, conflictos fiscales o decisiones patrimoniales equivocadas entre los familiares del titular fallecido.

Las instituciones financieras no cierran automáticamente las cuentas, por lo que los fondos permanecen bloqueados hasta que se acredite legalmente a los herederos. El dinero, junto con posibles adeudos, forma parte de la herencia y se rige por lo establecido en el Código Civil mexicano.

Notificación bancaria y primeros pasos legales

Especialistas advierten que uno de los errores más comunes es no avisar al banco, o continuar utilizando la cuenta tras el fallecimiento. Los familiares deben presentar acta de defunción, testamento o declaratoria de herederos, documentos necesarios para iniciar el proceso sucesorio bancario.

Este aviso permite detener cargos, evitar movimientos indebidos y comenzar la regularización de cuentas, créditos y productos financieros asociados. En caso de deudas, estas no desaparecen, pero tampoco se heredan automáticamente a los familiares, lo cual depende de cómo se acepte la herencia.

Existen tres opciones legales: aceptar la herencia completa, hacerlo a beneficio de inventario o renunciar totalmente a ella.

La opción beneficio de inventario es considerada la más segura cuando existen dudas sobre deudas fiscales o financieras del fallecido.

Impuestos, cuentas olvidadas y recomendaciones

El SAT no puede cobrar con dinero personal de los herederos, pero las obligaciones fiscales deben cubrirse con bienes de la sucesión. Si nadie reclama la cuenta, esta puede quedar inactiva o transferirse a cuentas concentradoras, complicando su recuperación posterior.

Especialistas recomiendan no usar la cuenta, notificar de inmediato al banco y buscar asesoría notarial o legal especializada. Una herencia mal gestionada puede convertirse en un conflicto financiero; una bien atendida permite proteger el patrimonio familiar.

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