Un juez de control vinculó a proceso a Gloria García Luna y a Edgar Anuar Rodríguez García, hermana y sobrino del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, respectivamente, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Se les acusa de participar en el desvío de más de 5 mil millones de pesos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social a través de contratos con empresas fachada entre los años 2011 y 2019.

La audiencia inicial se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Altiplano, Estado de México, donde el juez de control, Gregorio Salazar, ratificó la prisión preventiva justificada para ambos, por lo que madre e hijo seguirán en custodia.

Durante la diligencia, Gloria García Luna alegó que su vida corría peligro en el Ceferepsi de Morelos, donde se encontraba recluida, debido a que había reclusas que fueron detenidas y procesadas durante el periodo en el que su hermano era secretario de Seguridad Pública Federal. Ante esto, el juez ordenó a las autoridades penitenciarias aplicar medidas especiales de seguridad.

Vinculados a proceso por presunta participación en una red delictiva de García Luna

El juez de control determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a los familiares de García Luna, quien se encuentra actualmente preso en los Estados Unidos, por su presunta participación en una red criminal que desvió recursos públicos para beneficio propio.

La vinculación a proceso de los familiares de García Luna ha generado gran repercusión en el país, al evidenciar los casos de corrupción y desvío de recursos que involucran a altos funcionarios públicos. Ante estos nuevos señalamientos, se espera que las investigaciones avancen y se esclarezca la verdad sobre el presunto desfalco millonario perpetrado por esta red delictiva.

Gloria García Luna y Edgar Anuar Rodríguez García permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, mientras se lleva a cabo el proceso legal en su contra. Mientras tanto, la sociedad y las autoridades esperan que se haga justicia y se siente un precedente en la lucha contra la corrupción en el país.

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