Ante el aumento alarmante de la violencia contra las mujeres en el último año, la Red Nacional de Refugios (RNR) ha levantado la voz para pedir a los legisladores, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de las Mujeres y la Presidenta de México que evalúen detenidamente el recorte presupuestario del 4.3%.
Con un incremento del 32% en las denuncias de violencia a través de la atención telefónica y redes sociales, así como un aumento del 18.5% en el número de mujeres, niñas y niños atendidos en los refugios, organizaciones no gubernamentales han exigido a las autoridades correspondientes un replanteamiento del recorte presupuestario.
Paquete Económico 2025
Durante las discusiones del Paquete Económico 2025, se insta a incrementar los recursos propuestos para garantizar los derechos de las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, así como la sostenibilidad financiera de los programas de refugios.
Desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación y la Red Nacional de Refugios, A.C., se ha denunciado la tendencia a no asignar suficientes recursos para este programa vital. Las reducciones presentadas en los presupuestos de 2019, 2021 y 2022, así como el estancamiento de los recursos asignados en 2023 y 2024, han generado preocupación en diversos organismos.
Además, la inflación en bienes y servicios esenciales, como alimentos y medicinas, ha limitado la capacidad de los refugios para satisfacer las necesidades de las mujeres e infancias. La disminución del presupuesto y el aumento de precios representan desafíos significativos para la atención y los derechos de las mujeres víctimas de violencia y sus familias, lo que podría resultar en recortes en servicios fundamentales.
La situación actual va en contra de las obligaciones del Estado Mexicano en materia de derechos humanos, contradiciendo los principios de progresividad y máximo uso de recursos disponibles, así como el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La atención a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia y la promoción de sus derechos deben ser prioritarios, especialmente en un contexto de inflación que aumenta su vulnerabilidad.
Por otro lado, la organización civil Pacto por la Primera Infancia enfatizó la importancia de un debate informado y transparente sobre la asignación presupuestaria para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.