En una polémica decisión, el Congreso de Aguascalientes aprobó una reforma para reducir a seis semanas de gestación el plazo permitido para el aborto voluntario, desafiando un fallo previo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con 19 votos a favor y seis en contra, los diputados respaldaron el proyecto del Partido Acción Nacional (PAN), eliminando el concepto de “personas gestantes” establecido por la SCJN.

La nueva legislación establece penas de cárcel y multas para quienes realicen un aborto después de la sexta semana y requiere la verificación de al menos dos trabajadores de la salud en caso de un ‘aborto espontáneo’ presumiblemente involuntario.

Esta medida se lleva a cabo a pesar de la decisión de la Suprema Corte, que en agosto de 2023 declaró inconstitucional la prohibición del aborto en Aguascalientes. La entidad se sumaba a otras 13 que habían modificado sus códigos penales para permitir el aborto hasta la semana 12 de gestación.

Organizaciones expresan su preocupación

Organizaciones feministas han reaccionado con preocupación ante esta reforma, calificándola como un “retroceso sin precedentes en la garantía del derecho al aborto”. Advierten que pone en riesgo la salud y la autonomía de las niñas, adolescentes, mujeres, hombres trans y personas no binarias.

Además, alertan sobre la posibilidad de que otros estados repliquen esta reducción en el límite de semanas permitidas para abortar. En un pronunciamiento conjunto, asociaciones como Marea Verde, Abortistas, México Igualitario y Mexicanas en Acción Positiva señalaron que la iniciativa viola principios fundamentales de derechos humanos, como el principio de progresividad, la no discriminación y el derecho a la igualdad y a la salud.

Aunque la Suprema Corte ha ratificado la inconstitucionalidad de prohibir de forma absoluta el aborto a nivel estatal, la regulación de la interrupción del embarazo sigue dependiendo en gran medida de los códigos penales de cada entidad.

La controvertida reforma en Aguascalientes ha generado debate en todo el país y ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre el derecho al aborto y la autonomía reproductiva de las mujeres. Esta decisión podría sentar un precedente para otros estados mexicanos que enfrenten dudas sobre la legalidad de la interrupción del embarazo.

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