La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una orden al Congreso de Yucatán para despenalizar el aborto en la entidad. Este fallo se da en respuesta a un amparo presentado por la asociación Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, la cual aboga por los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y brinda servicios de interrupción del embarazo.
La decisión fue tomada con cuatro votos a favor y uno en contra por parte del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, durante una sesión en la que se discutió el tema ampliamente. Inicialmente, el proyecto presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat solo buscaba amparar a la organización civil, pero tras modificaciones de último momento, se decidió ordenar la derogación de las leyes que criminalizan el aborto en Yucatán.
La propuesta de la ministra fue respaldada por tres votos adicionales, argumentando que se debían seguir criterios anteriores de otras entidades, como el caso de Aguascalientes, donde la Corte ordenó al Congreso local despenalizar el aborto. A pesar de que existieron discrepancias en cuanto a los efectos de la orden, la mayoría decidió que estos fueran extensos en línea con otros precedentes.
Asociación presenta amparo
Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva AC presentó un juicio de amparo indirecto argumentando que las leyes que penalizan el aborto en Yucatán vulneran el derecho humano a decidir de las mujeres a las que acompaña.
La asociación señaló que estas normas limitan su capacidad para cumplir con su labor, generan un efecto disuasivo en las mujeres que buscan interrumpir su embarazo y perpetúan una visión social que impone la maternidad como obligatoria.
El juez a cargo del caso inicialmente consideró que la asociación no estaba directamente afectada por las leyes en cuestión, pero la propuesta de la Ministra Ríos Farjat señaló que la organización tenía el derecho de reclamar contra el sistema normativo que prohibía la práctica del aborto en Yucatán.
Según el proyecto, la asociación ha realizado actividades relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres durante más de 24 años, incluyendo la prestación del servicio de interrupción legal del embarazo.
De esta manera, la orden de la Suprema Corte representa un avance significativo en la lucha por los derechos reproductivos en México y un paso importante hacia la garantía del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
