En una decisión sin precedentes, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha dado luz verde al proyecto de reformas al artículo 21 de la Carta Magna, con el objetivo de ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad para enfrentar de manera más efectiva la creciente ola de delitos en el país.

Con 37 votos a favor, la propuesta busca otorgar a la Secretaría de Seguridad atribuciones para investigar delitos, dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad y coordinar el sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública, entre otras funciones clave en la lucha contra la inseguridad.

El dictamen ha sido enviado a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro con la intención de que sea declarado de publicidad mañana mismo en el pleno y se someta a discusión la próxima semana. Esta reforma sin duda marcará un precedente en el combate a la criminalidad en México, al fortalecer las capacidades de investigación y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

La secretaría, liderada actualmente por Omar García Harfuch, auxiliará a la Presidenta de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional, coordinando acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno y solicitando información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de delitos.

Además, la propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye la creación de un Secretariado Ejecutivo en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado de emitir bases, acuerdos y lineamientos, así como de homologar estándares y criterios en materia de seguridad.

Este organismo, también responsable de auditar y vigilar los fondos federales destinados a los estados en materia de seguridad pública, será fundamental para mejorar la eficiencia de las investigaciones y detenciones, promoviendo la judicialización efectiva y la obtención de sentencias condenatorias.

El secretario García Harfuch ha destacado la importancia de esta reforma para reducir los índices de violencia y combatir la impunidad en el país, privilegiando el uso de la inteligencia sobre la fuerza en las labores de seguridad.

Esta decisión, que ha contado con el respaldo del Senado de la República, representa un paso crucial en el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades para garantizar la tranquilidad y bienestar de la población.

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