La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un ultimátum al Congreso de la Unión, otorgándole un plazo de diez días hábiles para que informe sobre el estado de avance en el proceso legislativo para la emisión de la Ley General de Aguas. Esta medida surge como respuesta a la omisión del Congreso en cumplir con una sentencia que data desde enero de 2022, instando a la creación de esta crucial legislación.

Antecedentes de una urgencia pendiente desde hace años

Desde el año 2012, las cámaras de Diputados y Senadores se han negado a emitir la tan necesaria Ley de Aguas Nacionales, a pesar de los reiterados llamados y advertencias de la SCJN. Esta falta de acción llevó a la máxima autoridad judicial del país a tomar medidas más contundentes para garantizar el cumplimiento de la sentencia.

La SCJN no ha concedido la prórroga solicitada por el Congreso, incluso a pesar de las controversias constitucionales promovidas por municipios de Chihuahua. En una determinación firme, la Corte negó cualquier extensión del plazo, enfatizando que ambas cámaras legislativas se encuentran en incumplimiento de la sentencia dictada en 2022.

SCJN exige el desarrollo de la Ley General de Aguas

En su resolución, la SCJN requirió al Congreso para que, en el plazo estipulado, informe detalladamente en qué etapa del proceso legislativo se encuentra la Ley General de Aguas.

Además, se solicitó un cronograma que delineé el plan de trabajo legislativo específico para el cumplimiento de esta sentencia, incluyendo plazos estimados para cada fase del proceso.

Cabe destacar que las catorce controversias constitucionales promovidas por municipios de Chihuahua han contribuido a la urgencia de esta situación. Municipios como Cusihuiriachi, Chínipas, Aquiles Serdán, entre otros, han sido protagonistas en esta lucha por el acceso y manejo adecuado del recurso hídrico.

Finalmente,la SCJN reafirmó su autoridad al señalar que no cuenta con facultades para modificar la ejecutoria dictada por el Pleno de este Máximo Tribunal. Esto subraya la necesidad de que el Congreso cumpla con su responsabilidad legislativa en un plazo establecido.

El cumplimiento de esta sentencia es fundamental para asegurar la gestión sostenible y equitativa de este recurso vital para el país. El tiempo apremia, y la sociedad mexicana espera acciones concretas por parte de sus representantes en el Congreso.

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