La SCJN determinó que ser padre o tutor no reduce la responsabilidad penal por someter a menores a terapias de conversión, conocidas como ECOSIG. El máximo tribunal consideró que estas prácticas vulneran derechos humanos y pueden constituir tortura o tratos crueles.

Con esta resolución, la Suprema Corte invalidó una parte del artículo 239 b del Código Penal, vigente desde diciembre del año pasado, que evitaba sanciones de cárcel para padres que llevaran a sus hijos a este tipo de procedimientos.

SCJN invalida beneficios penales para padres y tutores

El criterio obligatorio fue aprobado por unanimidad del Pleno de la SCJN tras analizar la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La ministra María Estela Ríos González explicó que la protección de la familia no puede justificar sanciones insuficientes frente a conductas que lesionan la orientación sexual y la identidad de género de las personas.

“La protección de la familia no puede justificar esquemas de sanción insuficientes”, señaló durante la sesión.

Hasta ahora, la legislación de Guanajuato contemplaba únicamente multas y tratamiento psicoterapéutico para padres o tutores involucrados en terapias de conversión aplicadas a menores de edad.

Corte rechaza el “consentimiento informado” en prácticas ECOSIG

La resolución también invalidó la cláusula de consentimiento informado para personas adultas que accedieran voluntariamente a terapias de conversión.

La SCJN concluyó que la dignidad humana y la identidad de género son derechos irrenunciables, por lo que no pueden quedar excluidos de protección penal mediante consentimiento.

Además, los ministros consideraron que las prácticas ECOSIG son discriminatorias y pueden representar violencia psicológica o emocional.

Qué son las terapias de conversión o ECOSIG

Los llamados Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG) son prácticas que buscan modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona.

Diversos organismos internacionales de derechos humanos han advertido que estas terapias de conversión carecen de sustento científico y pueden generar daños psicológicos severos.

En México, distintas entidades federativas han impulsado reformas para prohibirlas y sancionarlas penalmente, especialmente cuando involucran a menores de edad.

La resolución de la SCJN establece ahora un criterio obligatorio para futuras interpretaciones judiciales relacionadas con estas conductas.

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