Organizaciones de la salud hacen un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que garantice el cumplimiento de la Ley General para el Control del Tabaco y su reglamento. Bajo la campaña ‘Tu salud vale más que sus ganancias’, diversas organizaciones civiles solicitaron a los ministros de la SCJN que se encarguen de los juicios de amparo promovidos por la industria tabacalera en contra de los ambientes libres de humo de tabaco y la publicidad de cigarros.

Organizaciones de la salud demandan a la SCJN que atraiga los casos de amparo en la presentación de la mencionada campaña, ya que consideran que la industria tabacalera privilegia sus intereses económicos por encima de la salud pública. Guadalupe Ponciano, coordinadora del Consejo Interinstitucional para la lucha Contra el Tabaquismo (CILCT), advierte que el consumo del tabaco favorece las enfermedades, ya que no solo afecta a los fumadores, sino también a los no fumadores que se exponen al humo de segunda mano.

Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa, informa que la industria tabacalera ha presentado más de 2 mil 500 amparos en el primer año de entrada en vigor del reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. “Estos amparos dan fe del poder que tiene la industria tabacalera en México”, menciona Ochoa. Añade que algunos amparos han sido desechados, pero otros han sido otorgados a diferentes establecimientos y puntos de venta en el país, gracias a argumentos falaces y jueces y magistrados que han respaldado su otorgamiento.

Maximiliano Cárdenas, abogado de la organización, agrega que los jueces de distrito no han conocido más de la mitad de los amparos, mientras que en 1 de cada 10 casos se ha otorgado la suspensión provisional para la promoción o exhibición de productos relacionados con el tabaco.

La responsabilidad de la SCJN

Las organizaciones enfatizan que su objetivo es prevenir que los niños y adolescentes comiencen a fumar, ya que los fumadores ya adictos a la nicotina son un caso aparte. La SCJN tiene ahora la responsabilidad de considerar las peticiones de las organizaciones de la salud y tomar decisiones que velen por el cumplimiento de la Ley General para el Control del Tabaco y su reglamento, así como la protección de la salud pública.

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