La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un veredicto unánime para reactivar el fideicomiso de ayuda, asistencia y reparación integral para víctimas, beneficiando así a una asociación civil comprometida con la defensa de los derechos humanos. La propuesta, liderada por el ministro Juan Luis González Alcántara, resultó respaldada por la primera sala, otorgando un amparo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

SCJN avanza en la restauración de derechos

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro impugnó las modificaciones a la Ley General de Víctimas que eliminaron el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, cuya administración estaba a cargo de un fideicomiso que se disolvió. La decisión de la SCJN representa un importante paso hacia la restauración de los derechos de las víctimas de delito y violaciones a los derechos humanos.

Por otro lado, la SCJN expresó su preocupación por las modificaciones que vinculaban la entrega de recursos a las víctimas con lo decomisado, señalando que este enfoque atentaba contra los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en las normativas internacionales. La dependencia de los decomisos como fuente de recursos para las víctimas creaba una situación de incertidumbre y dilación en la entrega de la ayuda necesaria.

Una obligación del Estado

La decisión de la SCJN subraya la responsabilidad del Estado de cumplir con sus obligaciones en favor de las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos. La extinción del fondo representaba una violación a estos deberes por parte del Estado, y la reactivación del mismo es un paso crucial hacia la reparación integral de los daños sufridos por las víctimas.

Asimismo, la SCJN resaltó la importancia de garantizar la protección y asistencia a un sector cada vez más amplio de la población: las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos. La eliminación del fondo representaba un obstáculo significativo en el camino hacia la justicia y la reparación para estas personas, y su reactivación es un avance fundamental en la protección de sus derechos.

La decisión de la SCJN refleja su compromiso continuo con la defensa de los derechos humanos y la justicia para las víctimas. Al respaldar la reactivación del fondo de ayuda, la SCJN envía un mensaje claro sobre la importancia de garantizar la asistencia y reparación integral a aquellos que han sufrido violaciones a sus derechos fundamentales.

Por último, la decisión unánime de la SCJN para reactivar el fondo de ayuda para víctimas representa un paso significativo hacia la justicia y la reparación integral en México. Esta medida refuerza el compromiso del Estado mexicano con la protección de los derechos humanos y subraya la importancia de garantizar la asistencia y reparación a aquellos que han sufrido daños.

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