La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de publicidad del dictamen que reforma la Constitución Política para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Con esta actualización, se incluyen delitos graves como la extorsión, el narcomenudeo y actividades ilícitas relacionadas con drogas sintéticas como el fentanilo.

Además, se consideran delitos fiscales como la defraudación fiscal, el contrabando y el uso de falsos comprobantes fiscales.

En estos casos, el juez deberá ordenar la prisión preventiva de manera automática, de acuerdo a las leyes aplicables.

La Mesa Directiva ha cumplido con el procedimiento para someter este proyecto de dictamen a discusión en el Pleno, donde se requerirán los votos de dos terceras partes para su aprobación.

Este dictamen forma parte del paquete de reformas presentado por el Ejecutivo Federal, con el objetivo de fortalecer el control de la criminalidad y la investigación de delitos.

Dentro de las modificaciones se establece que los órganos del Estado deben aplicar las normas de manera literal, prohibiendo cualquier interpretación que modifique o suspenda sus términos.

Se derogarán todas las disposiciones que se opongan a este decreto, incluyendo leyes secundarias y reglamentos.

Es importante recalcar que las legislaturas de las entidades federativas también tienen la responsabilidad de adaptar sus normativas en un plazo de 365 días naturales, una vez publicado el decreto.

Esto busca garantizar que las reformas se implementen de manera uniforme en todo el país.

En los considerandos del dictamen se argumenta que la prisión preventiva oficiosa es un instrumento necesario para mantener la paz y el orden social, restringiendo la libertad de los probables infractores de manera precautoria.

Se busca prever las figuras delictivas propuestas para contenerlas mediante este mecanismo, sin menoscabar los derechos de quienes se encuentran sujetos a esta medida cautelar.

En caso de ser aprobada, la minuta correspondiente será enviada al Senado de la República, donde seguirá un proceso similar al de la Cámara de Diputados.

Se requiere la aprobación de 17 congresos

Al tratarse de una reforma constitucional, al menos 17 congresos estatales deberán dar su aval para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez aprobada la reforma, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días para armonizar el marco jurídico con las nuevas reformas constitucionales que amplían el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

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