La Secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro, informó sobre irregularidades tecnológicas y administrativas detectadas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que pertenecía al extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este viernes 24 de octubre, Buenrostro explicó que, tras la desaparición del organismo y la transferencia de sus funciones al Gobierno federal, se detectaron deficiencias de seguridad, obsolescencia tecnológica y expedientes incompletos en la infraestructura del sistema.

“Entrabas a la plataforma del INAI y aparecían páginas de ventas en línea, casinos y juegos. Estaba llena de virus. Algunas plataformas .org fueron diseñadas por gente contratada externamente. Todo eso lo tuvimos que depurar”, detalló la funcionaria.

De acuerdo con Buenrostro, los sistemas del INAI no contaban con mantenimiento ni protocolos adecuados de seguridad, y parte de su software databa del año 2003. Asimismo, denunció que la arquitectura tecnológica no cumplía con los estándares constitucionales en materia de protección de datos y acceso a la información.

“Justo antes de la entrega al Gobierno federal, la plataforma estaba prácticamente inoperante porque no se le daba mantenimiento”, puntualizó.

Durante el proceso de entrega–recepción, añadió, faltaron expedientes originales y muchos estaban incompletos, lo que complica la recuperación de parte de la información.

No obstante, aseguró que con las actualizaciones recientes ya se ha mejorado la búsqueda de solicitudes y se ha incorporado el flujo completo de seguimiento y resolución de los trámites, con el objetivo de garantizar la continuidad del derecho a la transparencia.

En la misma conferencia, Buenrostro presentó también irregularidades detectadas en el extinto Fondo de Desastres Naturales (Fonden), señalando que su esquema de operación se caracterizaba por la burocracia y retrasos en la entrega de apoyos a la población afectada.

Según explicó, los procesos administrativos podían tardar hasta 120 días después de una emergencia, debido a los trámites que debían cumplirse desde la solicitud de declaratoria de desastre hasta la autorización y ejercicio de recursos.

“Era tan burocrático que no podían ayudar a tiempo. Los apoyos llegaban cuando la emergencia ya había pasado”, señaló.

La funcionaria mostró casos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en administraciones anteriores, como las de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Uno de los ejemplos expuestos fue el de 2005, cuando la entonces coordinadora de Protección Civil, Carmen Segura, fue sancionada por presuntas irregularidades en el manejo de 181.6 millones de pesos. Aunque fue inhabilitada por 10 años y multada con 1.7 millones de pesos, un año después el Órgano Interno de Control de Gobernación dejó sin efecto las sanciones.

Buenrostro sostuvo que el nuevo modelo de atención a emergencias busca eliminar la discrecionalidad y agilizar la entrega de recursos, mediante mecanismos directos y transparentes a las personas afectadas.

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