Funcionarias de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal sostuvieron una reunión con representantes de jubilados de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro para atender las inconformidades derivadas del nuevo límite aplicado a las llamadas pensiones doradas.

El encuentro ocurrió después de diversas protestas y recursos legales promovidos por extrabajadores del sector público, quienes consideran que la reforma constitucional vulnera derechos adquiridos. Los inconformes sostienen que las jubilaciones fueron obtenidas mediante contratos colectivos y años de aportaciones bajo esquemas legales previos.

Las autoridades federales defendieron la aplicación del tope constitucional, establecido en aproximadamente 70 mil pesos mensuales. Argumentaron que la medida busca reducir desigualdades dentro del sector público y eliminar percepciones excesivas que llegaron a superar el millón de pesos mensuales en algunos cargos de confianza.

Jubilados cuestionan alcance de la reforma constitucional

Representantes de los jubilados señalaron que las modificaciones afectan directamente la estabilidad económica de miles de familias. Además, advirtieron que la reducción de ingresos impactará a personas retiradas que planearon su patrimonio conforme a los antiguos esquemas laborales.

Durante la reunión, los afectados solicitaron que el Gobierno federal revise los criterios de aplicación de la reforma constitucional y abra mesas permanentes de diálogo. También pidieron garantías para evitar afectaciones retroactivas sobre prestaciones previamente reconocidas.

Por su parte, funcionarios federales reiteraron que el objetivo central es fortalecer la equidad salarial dentro de la administración pública. Según estimaciones oficiales, la aplicación del límite a las pensiones doradas permitiría recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos anuales.

Las autoridades indicaron que esos recursos serían destinados al financiamiento de programas sociales y de Bienestar impulsados por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Debate legal continúa en tribunales federales

El conflicto también avanzó al terreno judicial. Diversos jueces federales comenzaron a desechar amparos promovidos por jubilados bajo el argumento de que el Poder Judicial no tiene facultades para revertir modificaciones incorporadas directamente al texto constitucional.

Especialistas en derecho constitucional consideran que el debate podría extenderse durante los próximos meses debido a la complejidad jurídica del caso y al impacto financiero que representa para organismos públicos como Pemex y CFE.

Mientras continúan las discusiones legales y políticas, los jubilados mantienen la exigencia de revisar la reforma y establecer mecanismos que permitan proteger sus ingresos sin afectar las finanzas públicas.

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