La Secretaría de Gobernación (Segob) ha dado un paso significativo en la búsqueda de personas desaparecidas en México, al presentar una propuesta de ley que integra las demandas y el dolor de cientos de colectivos y familiares. La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, enfatizó que este esfuerzo es una muestra del compromiso genuino del gobierno, y no una «promesa vacía», para abordar una de las crisis humanitarias más apremiantes del país.

Rodríguez Velázquez detalló que la iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, es el resultado de un diálogo exhaustivo y productivo con más de 450 colectivos de víctimas. A lo largo de 90 mesas de trabajo y atención, se recopilaron 570 propuestas individuales, las cuales fueron sintetizadas en 30 planteamientos generales que ahora forman parte integral del texto de la reforma.

La secretaria de Gobernación subrayó la empatía del gobierno con las víctimas: «No nos es ajeno el dolor de lo que representa la ausencia de un ser querido, estamos con las víctimas de la mano y con el corazón en este difícil camino. Seguimos trabajando con las víctimas, no se trata de una promesa vacía, sino de cumplir con la obligación que tenemos todas las instituciones del país». Este enfoque colaborativo, en el que también participaron 17 dependencias, busca garantizar que las preocupaciones y necesidades de los colectivos sean abordadas con la debida diligencia.

Ejes centrales y propuestas clave

La propuesta de ley se articula en torno a cinco ejes fundamentales que buscan fortalecer la respuesta del Estado ante la desaparición de personas:

1. Búsqueda y Seguridad: Priorizando acciones efectivas e inmediatas para la localización de las personas.
2. Identificación Humana Forense: Mejorando los procesos para la identificación de restos humanos.
3. Bases de Datos: Optimizando la gestión y el intercambio de información.
4. Bienestar: Atendiendo las necesidades de apoyo psicosocial y material para las víctimas y sus familias.
5. Prevención: Implementando estrategias para evitar futuras desapariciones.

Entre las propuestas específicas que se integraron a la iniciativa, destacan la emisión de un protocolo claro para activar la alerta nacional de búsqueda, un tema crucial para la inmediatez en la reacción. También se contempla la protección y tratamiento de datos personales, la incorporación de autoridades y servicios para la consulta de bases de datos, y la facilitación en la búsqueda e identificación. Un punto sensible es el resguardo digno de restos humanos, garantizando el respeto a la memoria de las víctimas. Además, se busca el fortalecimiento del sistema nacional de búsqueda y la rendición de cuentas por parte de las instituciones involucradas, junto con la mejora de las bases de datos forenses.

Decálogo de acciones Inmediatas para Fortalecer la Búsqueda

Para complementar la propuesta de ley, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Arturo Medina, presentó un decálogo de acciones inmediatas que demuestran el compromiso operativo del gobierno:

1. Reglamento para la Ley de Búsqueda: Se emitirá a más tardar el 15 de octubre, cumpliendo con los 90 días que marca la ley.
2. Actualización del Protocolo Homologado de Búsquedas: Una demanda fundamental de los colectivos, este instrumento jurídico unificará los procedimientos para todas las autoridades.
3. CURP Biométrica y Alerta Nacional de Búsqueda: A partir del 16 de octubre, la CURP biométrica será obligatoria para las dependencias y los ciudadanos podrán, voluntariamente, actualizar sus datos. Esta será una herramienta central de interconexión para la búsqueda, vinculando registros públicos y privados y permitiendo la operación de la alerta nacional.
4. Uso de Datos Biométricos e Imágenes Satelitales: Las autoridades que realizan investigaciones deberán usar estas herramientas y cualquier dependencia que cuente con datos relevantes estará obligada a proporcionarlos.