En una decisión trascendental, el Pleno del Senado aprobó la renuncia del ministro Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), permitiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador proponer un nuevo perfil para ocupar la magistratura vacante durante los próximos 15 años.

Con un respaldo abrumador de 63 votos a favor, principalmente de Morena y sus aliados, contrastados con 43 votos en contra provenientes de la oposición, senadores sin grupo parlamentario, y el singular voto en contra de la renuncia de Zaldívar por parte del senador de Morena Alejandro Rojas Díaz Durán, se evidencia una división clara en el Senado respecto a esta decisión.

En la discusión sobre la dimisión de Zaldívar, legisladores de Morena y sus aliados defendieron el derecho del jurista a decidir su trayectoria profesional, aunque reconocieron la falta de una causa grave para la renuncia, según lo establecido por la Constitución. Este vacío normativo ha suscitado un debate sobre la regulación de las renuncias de ministros de la SCJN.

Bertha Alicia Caraveo y Navor Rojas, ambos de Morena, junto con Jorge Carlos Ramírez Marín del Partido Verde (PVEM), abogaron por la libertad personal de Zaldívar para tomar decisiones sobre su carrera y destacaron su labor en la emisión de sentencias progresistas. En contraste, la oposición fue contundente en sus críticas, sugiriendo que detrás de la salida de Zaldívar de la Corte se encuentra la estrategia del presidente López Obrador para ejercer un control transexenal del Poder Judicial.

Senadores de diferentes partidos, incluyendo Damián Zepeda del PAN y Emilio Álvarez Icaza del Grupo Plural, expresaron preocupaciones sobre la intención de López Obrador de designar al próximo ministro, extendiendo así su influencia sobre la SCJN más allá de su mandato. Advierten que al final de su sexenio, el presidente habría propuesto a cinco ministros, cuando la normativa establece solo tres.

Por su parte, miembros del Grupo Plural subrayaron la contradicción en la carrera de Zaldívar, quien, a pesar de su afirmación de defender proyectos que benefician a los sectores desfavorecidos, ha sido señalado por haber defendido a banqueros en el pasado, trasladando sus pasivos al Fobaproa, cargando al país con estas responsabilidades durante más de dos décadas.

Esta renuncia y su consecuente debate destacan la necesidad de revisar y clarificar los procedimientos en torno a las dimisiones de ministros, así como el papel del presidente en la configuración del Poder Judicial, cuestiones que seguramente continuarán generando discusiones en los círculos políticos y jurídicos del país.

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