Con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, el Senado aprobó reformas a la Ley para Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La reforma busca fortalecer el marco legal para prevenir e investigar el lavado de dinero, proteger la economía nacional y cumplir con compromisos internacionales en la materia.

Durante el debate, se aprobó una reserva de la senadora morenista Lucía Trasviña para eliminar las disposiciones relacionadas con el financiamiento al terrorismo, generando diversas reacciones. Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, presentó el dictamen y destacó la necesidad de garantizar estabilidad en el sistema financiero nacional con esta reforma.

Corral explicó que se pretende impedir que recursos ilícitos afecten la confianza de inversionistas y debiliten la sanidad del sistema financiero y del mercado nacional. Además, se incluyen medidas diferenciadas para sectores de bajo riesgo como organizaciones sin fines de lucro y entidades públicas, simplificando sus obligaciones en la materia.

También se incorporan reglas específicas para monitorear a personas políticamente expuestas, mediante sistemas automatizados y protocolos más estrictos de supervisión y auditoría institucional. Así mismo, se reforzará la capacitación del personal, las auditorías internas y la generación de reportes electrónicos sobre operaciones sospechosas, incluyendo aquellas que no se concretan finalmente.

Identificar beneficiarios reales

La reforma también modifica el Código Penal Federal y obliga a identificar al beneficiario controlador, es decir, a quien realmente se beneficia de las operaciones financieras. Corral subrayó que esto es clave para dar transparencia y cerrar espacios a operaciones simuladas que puedan ocultar redes criminales o actividades ilícitas.

De igual manera, se actualizan conceptos como “relación de negocios” y se amplía la lista de actividades vulnerables incluyendo fideicomisos, desarrollo inmobiliario y uso de activos virtuales. Se precisan nuevas responsabilidades para notarios y corredores públicos, quienes deberán colaborar con mayor rigor en la identificación y reporte de operaciones sospechosas.

No obstante, senadores de oposición manifestaron preocupaciones por el posible uso de la reforma para perseguir a ciudadanos en actividades informales o filantrópicas.

También te puede interesar:

• Diputados aprueban nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública