El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo, impulsada por el líder de Morena, Ricardo Monreal Ávila. Con una mayoría de votos a favor por parte de los legisladores afiliados al partido en el poder, esta reforma tiene como objetivo limitar las facultades de jueces y magistrados, impidiendo la suspensión de leyes y obras del gobierno en casos de juicio de garantías.

Esta reforma surge como respuesta a decisiones judiciales como la suspensión de la Ley de Hidrocarburos y algunos tramos del Tren Maya por parte de jueces como Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha generado controversia al detener proyectos de interés nacional. Para Monreal, esta reforma es necesaria para garantizar que el Poder Judicial acate las disposiciones del Poder Legislativo, estableciendo así un equilibrio de poderes.

Sin embargo, esta iniciativa ha generado críticas por parte de legisladores de oposición como Damián Zepeda Vidales, Germán Martínez y Miguel Ángel Mancera, quienes consideran que la reforma atenta contra derechos colectivos de los ciudadanos al limitar su capacidad de detener obras que podrían causar daños al medio ambiente o a la población.

Damián Zepeda, en particular, señaló que esta reforma impedirá a la ciudadanía detener proyectos como el Tren Maya, que podrían tener impactos negativos en la salud y el entorno natural. Por su parte, los críticos de la reforma han calificado la iniciativa como inconstitucional y un intento de coartar la autonomía del Poder Judicial.

¿Qué dice la reforma de la Ley de Amparo?

La iniciativa presentada por el senador Monreal tiene como objetivo principal reformar los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, que regula los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según el senador, la reforma busca limitar la facultad de los órganos judiciales para otorgar suspensión provisional y definitiva con efectos generales contra las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión.

Sin embargo, la propuesta también planteaba suprimir la facultad de los tribunales de conceder la suspensión en casos excepcionales donde consideren que la negativa de la medida podría causar un mayor daño al interés social. Esta medida ha generado preocupación entre especialistas y organizaciones, quienes ven en ella una limitación al derecho a la protección judicial y una posible vulneración de los derechos humanos de la ciudadanía.

De esta manera, la reforma de la Ley de Amparo ha generado un intenso debate en México por sus posibles implicaciones en el acceso a la justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos.

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