El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Federal del Trabajo que reglamenta la modificación constitucional para reducir de manera gradual la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, proceso que iniciará en 2027 y concluirá en 2030.

Con esta decisión se armonizan las leyes secundarias con la reforma al artículo 123 constitucional, publicada el pasado 3 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La nueva legislación mantiene sin cambios la redacción del artículo 61, por lo que la jornada diurna seguirá siendo de ocho horas, la nocturna de siete y la mixta de siete horas y media.

El dictamen también conserva el artículo 69, que establece que por cada seis días trabajados deberá otorgarse al menos un día de descanso con goce íntegro de salario. “La meta es clara, bajar de 48 a 40 horas semanales”, explicó el senador de Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien subrayó que la reforma no impone un único modelo laboral, sino que permite adaptaciones según las actividades económicas.

Aplicación gradual

El decreto establece una transición progresiva: 48 horas en 2026; 46 en 2027; 44 en 2028; 42 en 2029 y 40 horas semanales en 2030. La intención, señalaron legisladores, es permitir ajustes operativos tanto para empresas como para trabajadores.

Sin embargo, legisladores de oposición cuestionaron que la reforma no garantice explícitamente dos días de descanso por cada cinco laborados. La senadora del PRI, Carolina Viggiano afirmó que “no habrá descanso garantizado y no habrá semana de cinco días laborables”. Añadió que, aunque se reduzcan horas ordinarias, podrían compensarse con tiempo extra pagado, lo que mantendría jornadas similares.

Debate sobre impacto laboral y económico

Desde Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda señaló que la reforma representa un avance, pero “no cumple con las expectativas” al no asegurar mejores condiciones de descanso y equilibrio entre vida personal y trabajo.

Por su parte, el senador del PAN, Raymundo Bolaños Azocar advirtió que la implementación podría afectar a pequeñas y medianas empresas al no incluir apoyos fiscales o incentivos para facilitar la transición. Tras su aprobación en el Senado, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.

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