Tras años de esfuerzos de organizaciones e instituciones que lucharon por la prohibición de los matrimonios infantiles en México, el Senado de la República aprobó una reforma que establece como ilegal la venta o entrega de niñas, niños y adolescentes para actividades que excedan sus capacidades físicas y psicológicas.

Aunque esta reforma se aplica en todo el país, su enfoque principal son las comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas, donde la práctica de cambiar a mujeres por dinero, productos o tierras todavía persiste.

En junio de 2018, se aprobó una iniciativa que prohibía el matrimonio de menores de 18 años y también prohibía el matrimonio entre menores y adultos, incluso si los padres estaban de acuerdo o alegaban «usos y costumbres».

Sin embargo, la situación siguió ocurriendo, lo que llevó a la necesidad de reforzar la legislación. Esta nueva reforma establece que estas prácticas no pueden llevarse a cabo en México, incluso si existe el consentimiento de los menores o de los padres.

El objetivo principal de esta reforma es proteger a los niños, especialmente en las comunidades donde estas prácticas ilícitas aún persisten, y se espera que reduzca al mínimo las acciones que amenazan la integridad de los menores.

La legisladora Josefina Vázquez Mota, del partido Acción Nacional, expresó la necesidad de reforzar este dictamen para garantizar la protección de los niños y poner fin a estas prácticas nocivas.

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