El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular las reformas a la Ley Aduanera, una iniciativa que, según sus promotores, tiene como objetivo principal fortalecer los mecanismos de control y combatir la evasión de impuestos en el ingreso de mercancías al país.

La votación en lo general concluyó con 78 votos a favor, 37 en contra y una abstención, reflejando la mayoría del bloque oficialista. La discusión se centró en la necesidad de imponer mayores controles a los agentes y agencias de aduanas para evitar que diversas empresas logren eludir el pago de gravámenes de los productos importados.

Tras la aprobación en lo particular (con 77 votos a favor, 38 en contra y una abstención), se añadió una modificación clave: la entrada en vigor del decreto se pospuso hasta el 1 de enero del año 2026, coincidiendo con la presentación del Paquete Económico de ese ejercicio fiscal.

Argumentos: Recaudación vs. Inversión

El debate en el Pleno evidenció una profunda división. Por un lado, la bancada de Morena y sus aliados defendieron la reforma argumentando que modernizará los procesos aduaneros y ayudará a frenar la sangría de recursos generada por la evasión.

La senadora Olga Patricia Sosa Ruiz (Morena), una de las principales defensoras, aseveró que la reforma busca redefinir la relación entre el Estado, los operadores comerciales y la sociedad, bajo el principio de que «cada peso recaudado sea para el bienestar de la gente». La legisladora criticó que durante administraciones pasadas, «las aduanas fueron el reflejo de un modelo burocrático que favorecía la opacidad, la discrecionalidad, controles insuficientes y privilegios otorgados a unos cuantos, generando pérdidas millonarias para la Hacienda Pública».

La senadora Sosa Ruiz enfatizó que la nueva legislación garantiza mayor transparencia e incluye sanciones para cualquier integrante de la cadena de logística, no solo limitándose a los agentes aduanales.

Clave de la Reforma: Mayor Control y Transparencia

La esencia de la reforma radica en un endurecimiento de la vigilancia sobre la actuación de los facilitadores de comercio exterior. Busca cerrar las puertas a la discrecionalidad y la corrupción que, según el oficialismo, han marcado las operaciones aduaneras por años.

Aunque la votación en lo particular ya se llevó a cabo, se esperaba que los artículos reservados fueran discutidos y votados por separado a lo largo de la noche de este martes, donde se preveía su aprobación gracias a la mayoría simple del oficialismo.

La entrada en vigor en 2026 da un margen de tiempo considerable para que los actores del comercio exterior, incluyendo agentes aduanales, agencias y empresas de logística, se ajusten a las nuevas reglas de transparencia y fiscalización que buscan asegurar que el Estado mexicano recaude la totalidad de los impuestos correspondientes a las mercancías que cruzan sus fronteras.