El Senado de la República ha declarado constitucional la reforma energética que permitirá a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) regresar a ser empresas públicas del Estado.

La validación de esta reforma por parte de 20 congresos estatales marca un momento importante en la política energética de México, especialmente en un contexto en el que la soberanía nacional y las obligaciones comerciales del país están en juego.

La reforma constitucional, que ha generado un intenso debate en los últimos meses, ha sido motivo de preocupación para diversos sectores de la sociedad y organismos especializados como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Este organismo ha advertido que la redacción ambigua de la reforma podría ir en contra de los compromisos internacionales de México, especialmente en lo que respecta al Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y el Acuerdo Global México-Unión Europea.

En este sentido, el IMCO ha destacado la importancia de que la legislación secundaria que se derive de esta reforma energética sea congruente con los tratados comerciales y de inversión de los que México forma parte.

En particular, es fundamental asegurar que se respeten los principios establecidos en el T-MEC, como el trato de nación más favorecida y el acceso al mercado en el sector energético.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su satisfacción ante la inminente publicación de la reforma energética en el Diario Oficial de la Federación, lo cual marcará una nueva etapa en la política energética del país.

Sin embargo, no todos comparten su entusiasmo, como es el caso de Soraya Pérez, analista económica, quien ha señalado que la reforma plantea riesgos en aspectos fundamentales.

En primer lugar, la figura de Empresas Productivas del Estado será sustituida por la de Empresas Públicas del Estado, lo cual podría tener implicaciones en la participación del sector privado en la industria energética. En segundo lugar, se establece que las leyes secundarias serán las encargadas de regular la participación de particulares en el sector eléctrico, con la excepción de la transmisión y distribución, áreas que seguirán siendo exclusivas del Estado.

Finalmente, se señala que el litio y el servicio de internet no constituirán un monopolio, pero serán considerados áreas estratégicas y exclusivas del Estado.

Estas disposiciones han generado polémica y han sido objeto de críticas, ya que algunos consideran que representan una contradicción en la política energética nacional.

La declaración constitucional de la reforma energética representa un paso significativo en la historia de México, pero también plantea desafíos y controversias que deberán ser abordados en el marco de la legislación secundaria y el respeto a los compromisos internacionales del país

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