El Senado de la República aprobó por unanimidad la iniciativa impulsada por la senadora Olga Sosa Ruiz, cuyo objetivo es establecer reglas claras y un plazo máximo de 90 días naturales para que proveedores cumplan con sus obligaciones en materia de garantías. La reforma busca ofrecer mayor certidumbre a las personas consumidoras y reducir la ambigüedad legal que suele acompañar este tipo de procesos.

La garantía, definida para evitar interpretaciones ambiguas

Sosa Ruiz explicó que la reforma incorpora por primera vez una definición precisa de “garantía” en la legislación, con el fin de evitar confusiones sobre las responsabilidades de los proveedores. Esta se describe como la obligación establecida en la póliza mediante la cual el proveedor —o un tercero autorizado— se compromete a reparar o responder por defectos que afecten el funcionamiento del bien o servicio durante un plazo determinado.

La legisladora señaló que, al definir con claridad el concepto, se podrán establecer procedimientos uniformes y plazos obligatorios para las reparaciones, lo que reducirá prácticas abusivas o evasivas en el mercado.

¿Cómo beneficiará a los consumidores?

El dictamen atiende una problemática frecuente: la falta de tiempos específicos que obliguen al proveedor a resolver fallas en los bienes adquiridos. Según datos mencionados durante la sesión, en 2024 se registraron alrededor de 90 mil quejas ante Profeco, principalmente por electrodomésticos, telefonía celular y productos del hogar. La mayoría tuvo resoluciones favorables, lo que evidencia la demanda real de mecanismos de protección más efectivos.

La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Cynthia López Castro, destacó que, aunque el dictamen podría parecer técnico, tendrá un impacto directo en millones de personas, al garantizar que las pólizas incluyan un plazo claro de cumplimiento. La legisladora reconoció el trabajo de Sosa Ruiz por reformar el artículo 78, el cual ahora obliga a los proveedores a especificar los tiempos de reparación.

Además, subrayó que esta medida desincentivará prácticas que dañan la competencia y generan incertidumbre para los compradores.

Posturas dentro del Senado

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, advirtió que una mala garantía puede representar una carga económica importante para las familias. Señaló que la reforma marca una diferencia notable entre una protección real y “letras pequeñas engañosas” que deterioran el patrimonio de los hogares.

Huerta resaltó que la propuesta tiene un impacto social relevante, en un contexto donde, afirmó, la política económica ha aumentado el circulante y la capacidad de consumo del país. Desde su perspectiva, reforzar los derechos de las personas consumidoras es coherente con una visión de justicia social que busca que la economía funcione “al servicio del pueblo, especialmente de quienes menos tienen”.

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