La bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la República propuso eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a métodos anticonceptivos, con el objetivo de facilitar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, especialmente entre los sectores más vulnerables del país.

La iniciativa legislativa fue presentada por la senadora Geovanna Bañuelos, quien explicó que la propuesta busca adicionar un inciso k) al artículo 2o.-A de la Ley del IVA, con el propósito de aplicar una tasa del 0% a productos como condones masculinos y femeninos, pastillas anticonceptivas y anticoncepción de emergencia.

“Los anticonceptivos no deben ser tratados como bienes de lujo, sino como herramientas esenciales para la prevención, la autonomía personal y la equidad social”, afirmó la legisladora petista en tribuna.

Salud pública y justicia social

Bañuelos subrayó que el acceso a estos insumos no sólo es una cuestión de salud pública, sino un derecho ligado al ejercicio pleno de la libertad sexual y reproductiva.

“Son herramientas que empoderan a las personas al permitirles planificar su vida, decidir sobre su futuro y reducir riesgos sanitarios que históricamente han recaído de manera desproporcionada en las mujeres”, sostuvo.

La senadora argumentó que en contextos de pobreza o desigualdad, incluso un pequeño aumento en el costo puede representar una barrera real para acceder a métodos anticonceptivos, lo cual tiene repercusiones en el bienestar individual y colectivo.

La propuesta, aclaró Bañuelos, no implica un mero ajuste técnico a la legislación tributaria. Para la bancada del PT, se trata de una medida estructural con enfoque de derechos humanos y equidad de género.

“Eliminar el IVA a los anticonceptivos es una acción directa para reducir su precio y facilitar que más personas —en especial quienes viven en situación de vulnerabilidad— puedan utilizarlos sin que el costo sea un impedimento. Esta medida es un catalizador de inclusión y equidad”, dijo la legisladora.

Dificultades para acceder a métodos anticonceptivos

Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), alrededor del 17% de mujeres jóvenes en México reportan dificultades para acceder a métodos anticonceptivos. A su vez, estudios del Inegi han señalado que las adquisiciones privadas de anticonceptivos representan un gasto significativo para los hogares de menores ingresos.

La iniciativa también se alinea con esfuerzos globales para garantizar la salud sexual y reproductiva como un derecho humano básico, en concordancia con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y acuerdos internacionales firmados por México.

El proyecto será turnado a comisiones para su análisis y dictamen, en medio de un creciente debate público sobre políticas fiscales con perspectiva de género.

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