La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este viernes que su gobierno evalúa la incorporación de nuevos expertos independientes en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

La mandataria indicó que ya no se contempla la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que anteriormente colaboró con las investigaciones del caso. En su lugar, señaló que pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entablar contacto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para explorar la posibilidad de sumar especialistas forenses y en métodos de investigación.

“Estamos considerando la incorporación de expertos en áreas específicas que fortalezcan la investigación y den mayor certeza a las madres y padres de los normalistas”, explicó Sheinbaum. Subrayó que la decisión busca mantener la transparencia y avanzar en una ruta basada en evidencia científica y técnica.

El anuncio se produce un día después de una reunión con madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, quienes expresaron tristeza por la falta de información concreta. En respuesta, la presidenta destacó que el trabajo del fiscal especial del caso, Mauricio Pazarán, se ha enfocado en nuevas líneas y métodos de investigación, con el objetivo de judicializar los casos con pruebas sólidas que eviten que un juez rechace emitir órdenes de aprehensión.

“Las familias preguntan cuándo vendrán las órdenes (de aprehensión), y el fiscal explicó que se está tomando el tiempo necesario para integrar expedientes bien fundamentados”, comentó Sheinbaum.

Agregó que los avances han sido presentados a las familias en al menos dos reuniones, y que existe un consenso en continuar con esta nueva metodología, sin abandonar las líneas de investigación ya existentes.

El caso Ayotzinapa ha sido uno de los más sensibles en la agenda de derechos humanos en México. Diversas comisiones, organismos internacionales y fiscales han participado en su investigación, que ha estado marcada por controversias, inconsistencias y cambios en las versiones oficiales. La actual administración busca, según la presidenta, reforzar la credibilidad de los procesos mediante evidencia sólida y participación independiente.

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