La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio formal del Acuerdo Nacional Maíz–Tortilla, una estrategia impulsada por el Gobierno de México que busca reducir el precio de la tortilla, alimento básico en la dieta de millones de mexicanos. Aunque el acuerdo no impone un precio fijo, se espera que genere una disminución gradual de al menos 5% en los próximos seis meses.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que uno de los principales objetivos del acuerdo es eliminar intermediarios en la cadena de suministro del maíz, lo que permitiría reducir costos y beneficiar directamente a los consumidores.

“Normalmente el productor vende su maíz a uno o varios intermediarios antes de que llegue a los nixtamaleros y a las tortillerías. Lo que estamos haciendo es vincular directamente a productores con comercializadores, resolviendo trámites que antes complicaban esa relación”, señaló Sheinbaum.

Convocatoria abierta a tortillerías

El gobierno federal informó que ya está abierta la convocatoria para que todas las tortillerías formalmente establecidas en el país se sumen al Acuerdo Nacional. La participación es voluntaria y forma parte del compromiso número 62 de la actual administración, centrado en garantizar el acceso a alimentos básicos a precios accesibles.

El acuerdo busca fomentar la solidaridad entre productores, industriales y comercializadores, con la finalidad de avanzar hacia lo que el gobierno ha definido como Prosperidad Compartida, bajo el principio del derecho constitucional a una alimentación nutritiva y suficiente.

Red interinstitucional

Para llevar a cabo esta iniciativa, las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Economía (SE) y Trabajo y Previsión Social (STPS) colaboran de forma coordinada, buscando garantizar que la estrategia sea efectiva, transparente y con un enfoque de justicia alimentaria.

Precio actual y expectativas

Hasta el 28 de julio, el precio promedio del kilo de tortilla en la Ciudad de México se ubicaba en 21.89 pesos. La meta del gobierno es lograr una reducción gradual de al menos 5% en este costo, dependiendo de las condiciones del mercado y de la participación voluntaria de las tortillerías inscritas.

La presidenta insistió en que este es un esfuerzo colectivo y no una imposición, y que se busca beneficiar a las familias mexicanas sin afectar a quienes forman parte del proceso de producción y comercialización del maíz y la tortilla.

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