La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con el presunto esquema de huachicol fiscal en el que estaría involucrada la empresa Ingemar, de la que fue socio el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. La mandataria indicó que las indagatorias ya no se limitan a un solo cargamento de combustible, sino que abarcan a otros actores presuntamente relacionados.

Durante su conferencia matutina en Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum señaló que las pesquisas se han extendido luego de que las autoridades detectaran que otros embarques y empresas podrían haber participado en la introducción, almacenamiento y distribución irregular de combustibles. Explicó que la investigación ha requerido cerca de un año de trabajo para reconstruir el funcionamiento de la red.

Investigación alcanza a más ferrotanques y empresas

La presidenta explicó que, de acuerdo con los avances de la FGR, el caso involucra más ferrotanques que habrían cruzado la frontera sin declarar la cantidad real de diésel transportado. Agregó que las autoridades también investigan a diversas empresas presuntamente vinculadas con estas operaciones, las cuales habrían participado en la recepción, almacenamiento y comercialización del combustible.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía y retomada por EL UNIVERSAL, la investigación contempla una red de compañías que presuntamente colaboraban en la distribución de hidrocarburos mediante operaciones que simulaban la transferencia de propiedad para justificar su circulación en el mercado.

Gobierno asegura que las indagatorias continúan

Sheinbaum reiteró que la investigación permanece a cargo de la FGR y que serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar las responsabilidades correspondientes conforme avancen las indagatorias.

La mandataria señaló que el objetivo de las investigaciones es esclarecer el alcance de la presunta red de contrabando de combustibles e identificar a las personas físicas y morales que pudieran haber participado en estas operaciones, siempre bajo el debido proceso.

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