La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este lunes sobre el caso de Fernandito, el niño de cinco años asesinado tras ser secuestrado por un grupo de prestamistas en el municipio de La Paz, Estado de México. Durante su conferencia matutina, conocida como La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum calificó el hecho como inaceptable y sostuvo que es necesaria una reestructuración en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

«Debe haber cambios en la Fiscalía para que esto no vuelva a suceder», afirmó la mandataria. También señaló que tanto la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, como el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, mantienen comunicación con la familia del menor.

El caso de Fernandito ha conmocionado a la opinión pública. Según los reportes, el menor fue secuestrado debido a una supuesta deuda de mil pesos atribuida a su madre. La señora Noemí, madre del niño, buscó ayuda en distintas instituciones, entre ellas el DIF municipal, el Ministerio Público y la comisaría local, pero sus solicitudes fueron ignoradas.

La abogada Fabiola Villa, representante legal de la madre, señaló que hubo una cadena de omisiones institucionales. A su juicio, si desde el primer momento el DIF hubiera activado los protocolos correspondientes, la vida del menor podría haberse salvado. “Si ellos hubieran tomado el reporte, como les corresponde por ley, Fernandito estaría vivo”, declaró en entrevista.

En medio de las críticas por la falta de acción institucional, Mario Cristalinas, director del DIF de La Paz, presentó su renuncia el fin de semana. Aunque no aclaró si su salida está directamente vinculada al caso, fue ampliamente cuestionado por no haber atendido con prontitud las denuncias de la madre.

Por otra parte, la Fiscalía del Estado de México confirmó la detención de tres personas presuntamente responsables del secuestro y asesinato del menor. Durante la audiencia inicial realizada en los juzgados de Nezahualcóyotl, se decretó la legal detención de los implicados y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Será el próximo lunes 18 de agosto cuando se reanude la audiencia para definir su situación jurídica.

El caso ha generado indignación a nivel nacional y ha reavivado la discusión sobre la falta de atención a denuncias de violencia contra menores y la urgencia de fortalecer los protocolos de protección infantil en el país.

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