La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su inconformidad con la decisión reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos, que desestimó una demanda presentada por el Gobierno de México contra fabricantes de armas estadounidenses, señalados por su presunta responsabilidad en el tráfico ilícito de armamento hacia territorio nacional.

La mandataria criticó el fundamento jurídico del fallo, el cual sostiene que no existe un vínculo directo entre la producción de armas y su ingreso ilegal a México. “El argumento de la Corte es que no encuentran relación entre la fabricación de armas y el tráfico hacia México, algo con lo que claramente no coincidimos”, afirmó Sheinbaum.

Recordó que incluso el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció en enero que el 75% de las armas incautadas en México provienen ilegalmente de ese país, lo cual, dijo, evidencia una relación directa que la Corte Suprema optó por no considerar.

Sheinbaum también informó que aún queda pendiente una segunda demanda, esta vez dirigida a tiendas distribuidoras y vendedoras de armas. “Vamos a seguir con esta lucha legal con el equipo de abogados que nos asesora”, señaló.

Respecto a la evidencia utilizada por el Gobierno mexicano, destacó la existencia de un registro detallado de las armas aseguradas en el país. “La FGR tiene un registro muy riguroso, con número de serie y el delito en el que participó cada arma”, explicó, subrayando que dicha información ha sido clave en la construcción de los casos judiciales.

La demanda original fue desestimada por el máximo tribunal estadounidense bajo el argumento de que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) brinda inmunidad a los fabricantes, al no haberse probado que contribuyeran de forma directa al tráfico ilegal.

Por su parte, la segunda querella, interpuesta en 2022 ante un tribunal federal en Tucson, Arizona, continúa en proceso y se encuentra actualmente en la fase de recopilación de pruebas.

Ambos litigios han impulsado el tema del flujo ilícito de armas hacia México a nivel internacional, generando debates en foros multilaterales como el Consejo de Seguridad de la ONU y en el ámbito interamericano, donde se espera una opinión consultiva de la Corte IDH sobre el tema.

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