La presidenta Claudia Sheinbaum publicó el decreto que reforma la Ley de Armas, introduciendo sanciones a quienes utilicen, fabriquen o ensamblen vehículos blindados de manera artesanal, así como a aquellos que fabriquen armas o aditamentos utilizando impresoras 3D. La reforma busca fortalecer el control y la regulación del uso de armamento en el país, especialmente en actividades delictivas.

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece varias restricciones en relación con el uso y fabricación de armamento y vehículos blindados. De acuerdo con la nueva normativa, el uso de vehículos blindados conocidos como "monstruos" estará penado con una condena en prisión de entre cinco y 15 años, además de una multa de entre 500 y 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), lo que equivale a una multa de hasta 113,140 pesos mexicanos.

Por otro lado, quienes fabriquen o ensamblen estos vehículos blindados podrán enfrentar una pena de entre cuatro y 10 años de prisión.

Otro de los puntos destacados de la reforma es la prohibición de la fabricación, posesión y uso de armas creadas a través de impresión 3D o mediante técnicas aditivas. La ley también prohíbe la fabricación de accesorios o aditamentos que conviertan armas semiautomáticas en automáticas, así como el uso de equipos como miras térmicas, visores nocturnos y designadores láser, comúnmente utilizados para mejorar el rendimiento de armamento en actividades ilícitas.

Además, se imponen penas de prisión de entre cuatro y ocho años para quienes distribuyan de manera ilícita planes, instrucciones o diseños para fabricar armas, cargadores o piezas de armamento.

Una de las medidas más relevantes de la reforma es la prohibición del envío de armas, sus partes y componentes a través del servicio postal mexicano o de servicios de mensajería y paquetería que operan en el territorio nacional. Esta medida busca evitar que los grupos criminales utilicen estos canales para el tráfico de armamento.

La reforma también introduce la obligación de que las personas que posean armas de forma legal deben designar a una persona física como responsable del arma en caso de fallecimiento o ausencia del titular. Esta medida busca garantizar una mayor trazabilidad y control sobre la posesión de armas.

El objetivo de la reforma es regular, controlar y sancionar las actividades relacionadas con las armas de fuego, municiones, explosivos y otros componentes, con el fin de reducir el uso ilícito de armamento en actividades delictivas. La ley es de orden público e interés social y será de observancia general en todo el territorio nacional.

Esta reforma forma parte de los esfuerzos del gobierno federal para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad en el país, respondiendo a una creciente preocupación por el uso de armamento de alto poder en manos de grupos delictivos.

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